Chihuahua.- El H. Congreso del Estado aprobó la reforma a la Ley Estatal de Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la que se establece, entre otros, como nueva modalidad de violencia, la Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género (VPMG) así como las conductas que pueden constituirla.
Con lo anterior, Chihuahua avanza en el proceso de armonización de las legislaciones locales con lo dispuesto en las reformas realizadas a ocho leyes generales y que entraron en vigor el pasado mes de abril.
Recientemente en la Comisión de Igualdad se analizaron dos propuestas, para luego emitir un solo dictamen que fue votado en sentido positivo por la mayoría de las y los legisladores.
La propuesta de la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, contempla la definición de la VPMG e incorpora por primera vez un catálogo de conductas a través de las cuales puede manifestarse, entre las que destacan: restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles;
También señala que será motivo de sanción a quien realice o distribuya propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública.
Entre otras de las conductas se encuentran el divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla y denigrarla.
También faculta al Tribunal Estatal Electoral y al Instituto Estatal Electoral para solicitar a las autoridades competentes medidas de protección a favor de las víctimas.
Por último, la legisladora celebró la aprobación del dictamen y expresó que en próximos días la Comisión de Igualdad estará sesionando para avanzar en las demás reformas al marco normativo estatal a fin de que éste sea aprobado por el Pleno en tiempo y forma, previo al inicio del proceso electoral.
