Saltillo.- La organización para los derechos humanos, Fray Juan de Larios, manifestó que el decreto emitido en la entidad para el manejo de cuerpos sospechosos y confirmados con covid-19, podría atentar contra los derechos de las personas desaparecidas, e hicieron un llamado a la autoridad a homologar los lineamientos con apego a derechos humanos.
A través de un comunicado de prensa, la organización se pronunció sobre el decreto emitido la semana pasada por el Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme, donde sentó una serie de lineamientos para el tratamiento de cadáveres positivos o sospechosos de covid-19, donde se advierte que la vía para evitar la propagación de la pandemia es la cremación de los mismos.
En ese sentido, la organización manifestó que ante la falta de detalle con la que se tratarían los cuerpos de personas no identificadas en este contexto, es necesario que las autoridades que al igual que Coahuila emitieron un decreto parecido, tomen en cuenta las recomendaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Organización Panamericana de la Salud, donde se establece el trato digno, la documentación, y la integridad.
Por su parte, la organización agregó que para los cuerpos no identificados que sean considerados para la cremación en el contexto de Covid-19, debe cuidarse las posibles indagatorias entorno a la comisión de un delito, que por ejemplo, podría ser la desaparición.“Es importante no obviar que tenemos más de 60 mil personas desaparecidas en México, y el sistema forense a nivel nacional está rebasado por los miles de cuerpos sin identificar.
Y que es deber de los Gobiernos que, ante cualquier situación prevalezca el Estado de Derecho. En el caso de personas fallecidas noidentificadas, lo que aplica es la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, QUE PROHIBE SE INCINERE EL CUERPO”, expresan.
“Si bien es necesaria la implementación de medidas de carácter general para enfrentar la pandemia, no se precisan los mecanismos de información y notificación a los familiares. El no contar con un protocolo homologado a nivel nacional puede generar más confusión y descontento social, dado que en estasmedidas prevalece la imposición de formatos que vulneran no sólo los derechos civiles y políticos, sino también los derechos económicos, sociales y culturales”, expresaron.
Además de hacer un llamado a los Gobiernos para cumplir con las directrices de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos respecto a la situación, propusieron cuatro puntos, entre los que destacan que el Consejo de Salubridad General emita de forma inmediata un protocolo respecto al tratamiento de cuerpos en el contexto de la pandemia, así como Garantizar la identificación de todas las personas fallecidas en este contexto retomando los estándares internacionales que están ya disponible.
Con información de Vanguardia.
