Con un modelo que cumple con estándares internacionales, inspirado en países como Alemania, Colombia y Guatemala, la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada, instauró la primera unidad de análisis y contexto en el País.
La Unidad integrada por un equipo multidisciplinario con conocimientos en criminología, psicología, antropología y derechos humanos, se encargará de investigar y analizar a profundidad la dinámica criminal, así como los patrones de violencia y los factores que enmarcan las violaciones a los derechos humanos dentro del territorio estatal.
En el año 2011, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos estableció con carácter obligatorio para todos los Estados, la integración de este tipo de análisis para garantizar un adecuado acceso a la justicia en esta materia.
El gobierno chihuahuense, es el primero en establecer un modelo especializado para dar seguimiento a los casos registrados dentro del territorio estatal y analizar el contexto general de la situación de violaciones a DDDH para generar políticas y estrategias de seguridad que permitan combatir la impunidad en este tipo de delitos.
Los informes de contexto, permitirán potencializar los recursos que el Ministerio Público presenta en Tribunales locales, federales e incluso internacionales con el fin de lograr una sanción adecuada para los responsables.
Desde el pasado mes de abril, la Unidad de Análisis y Contexto ha realizado diversas intervenciones tácticas en todo el Estado, logrado avanzar en el estudio de las prácticas, patrones y modus operandi de grupos delincuenciales que operan en algunas zonas serranas.
Luego de documentar los factores físicos, sociales y culturales que afectan la seguridad de los habitantes de la zona serrana, actualmente se trabaja en la incorporación de los resultados con el fin de contar con un panorama general que permita combatir la comisión de delitos en la entidad.
La Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso para garantizar la adecuada aplicación de recursos humanos y tecnológicos con el fin de robustecer la procuración de justicia y conseguir castigos justos para aquellos que vulneran el libre ejercicio de los derechos humanos.
