Parral.- El Municipio de Parral lleva un litigio focalizado en los mecanismos que fortalecen la controversia que interpuso el Alcalde, Alfredo Lozoya, ante la SCJN, en contra del recorte de presupuesto a Estancias Infantiles y las reglas de operación 2019 del programa.
El licenciado, Francisco Sánchez, como Secretario del Ayuntamiento de Parral, dio a conocer que ya se realiza un peritaje psicosocial para establecer el nocivo impacto de la medida en las niñas, niños, madres trabajadoras, padres solos y trabajadoras de estancias, en su ámbito interno.
El peritaje servirá para acreditar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación las afectaciones de la errática decisión al entorno social, destacó, Sánchez Villegas, quien dijo también se ha pedido a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, informe sobre los resultados de la cancelación del programa en el Estado.
Precisó que en el caso de Parral, de modo afortunado y con la firme decisión del Alcalde, Alfredo Lozoya y el Ayuntamiento, las 9 Estancias Infantiles locales, siguen operando con el apoyo del programa emergente, del cual en la próxima sesión de Cabildo se pedirá su ampliación, muy posiblemente por otros seis meses, confiando en una pronta resolución favorable de la Corte.
El Secretario, confirmó que en el Estado, muchas estancias ya han cerrado, por lo que se pedirá a la CEDH verifique la situación como órgano protector de los derechos humanos y en un ejercicio de contraste acredite los efectos nocivos que se han reflejado en la sociedad.
A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se le pedirá incorpore la recomendación 29/2019 dentro de la controversia y el rechazo del Gobierno Federal a la recomendación y que analice los mecanismos de protección que prevé la Constitución, para acreditar los mismos ante la SCJN, y por igual, que incorpore todo lo que tiene en perspectiva dentro del trámite dela controversia, que dijo, hay la confianza plena de que se nos va a conceder la razón.
Para finalizar, el Secretario, indicó que se ha pedido al Senado de la República incorporar un diagnóstico respecto al impacto de la medida en la cláusula federal, para establecer cómo afecta la decisión a los Municipios.
