CDMX.- En el foro “La educación indígena y rural en las leyes secundarias de la Reforma Educativa 2019”, diputados, funcionarios y académicos destacaron la necesidad de tener leyes más justas, incluyentes y que no omitan este tipo de enseñanza, pues ha estado relegada y olvidada, cuando la formación es una herramienta para la liberación y emancipación de los pobres.
La presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, diputada Irma Juan Carlos (Morena), expresó que, aunque en la Ley General de Educación se contempla la enseñanza a los pueblos indígenas, la interculturalidad y su financiamiento, “es importante encontrar una redacción en los articulados que están por aprobarse, a fin de devolver a las comunidades originarias el orgullo de ser hablantes de una lengua indígena”, comentó.
Mencionó que hubo políticas públicas de olvido y discriminación, pues fomentaron que los indígenas fueran relegados por su lenguaje, repercutiendo en la pérdida de las culturas y tradiciones ancestrales.
El sistema educativo, dijo, se olvidó de incorporar textos en lenguas indígenas y generar infraestructura para estas comunidades, por lo que el Estado debe garantizar el derecho a la educación de las comunidades originarias, “porque existen regiones donde ni siquiera la enseñanza básica es impartida”.
La organizadora del foro, diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena), expresó que su propuesta de iniciativa para crear la Ley General de Educación Indígena Intercultural y Rural, busca garantizar el acceso universal a la enseñanza básica, media superior y superior pública y gratuita de los sectores más vulnerables, que son los casos de los pueblos indígenas y la población rural de escasos recursos.
Consideró necesario incluir a estas comunidades y combatir la desigualdad. La iniciativa, dijo, está basada en cinco ejes: académico, productivo, intercultural, deporte y político. El propósito es proteger y garantizar los derechos del personal docente y de estudiantes de educación indígena intercultural y rural, así como preservar la diversidad cultural y étnica, a fin de combatir las desigualdades sociales de género y regionales.
Ocampo Manzanares resaltó que con la aprobación de esta iniciativa, México se colocará a la vanguardia de los proyectos educativos que garanticen los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas y así avanzar en el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia educativa. Además, dentro del magisterio, “es necesario poner atención a quienes enseñan a la niñez y a las juventudes más vulnerables, como son los pueblos afromexicanos y la población rural de escasos recursos”.
El cambio en el país, expuso, requiere del planteamiento del papel de la educación, rescatando experiencias exitosas. Hizo votos por recuperar a las escuelas normales rurales, para beneficiar a los rincones más remotos del territorio. “En la actualidad no existe un ordenamiento jurídico que respalde ese modelo pedagógico. Es importante la recuperación del normalismo rural y el impulso de la educación indígena intercultural”, añadió.
