CDMX.- El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, resaltó que no se puede continuar con el “desgobierno en materia de agua”, por lo que se debe definir una política pública en este tema y la exigencia presupuestal.
El legislador resaltó que si el próximo año continúa con una restricción y recorte presupuestal como se definió para 2019, los niveles de desgaste de las unidades de riego y, sobre todo, de la recarga y conservación de los acuíferos, “entrará en una situación más difícil porque el deterioro será mayor”.
Durante la reunión de trabajo: “Acceso preferente al agua y buen gobierno de sistemas de riego para la soberanía alimentaria”, el legislador precisó que se busca un nuevo sistema de reglas y de orden del agua, tanto en su administración, distribución y conservación, con el objetivo de definir una política pública en la materia. Consideró que esta reunión ayudará a tener algunas alternativas.
“Ya llegamos a una situación límite donde la precariedad de los recursos que el Estado debe invertir en agua no pueden continuar a la baja, porque eso está perjudicando muchísimo”, dijo. También estimó que es necesaria una discusión sobre el costo del agua y cómo debe distribuirse esta carga.
Recordó que el próximo 8 de septiembre se recibirá el Paquete Económico y ahí se verán los recursos que se le asignarán para el próximo año a este tema tan importante y fundamental.
Se pronunció por realizar una gran convención sobre el agua antes de septiembre para definir con claridad, precisión y acuerdos una estrategia en la materia y la exigencia presupuestal.
El presidente de la Comisión Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, diputado Eraclio Rodríguez Gómez, afirmó que la situación del agua es un asunto mucho más grave que el huachicol, por lo que es preciso que se considere como problema de seguridad nacional.
Detalló que aunque las comunidades rurales han tratado de ser garantes de la conservación de los bienes hídricos, la incapacidad del gobierno y la inseguridad pública las ha rebasado.
“Existe un aparato gubernamental desmantelado incapaz de dar cumplimiento a la ley, totalmente corrompido en el asunto del agua, donde todos hacen lo que les viene en gana sin que pase nada, toda vez que no se tiene parámetros para medir el agua y detener la explotación indiscriminada de los pozos y presas por parte de los grandes grupos industriales”.
Apuntó que es necesario que a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se le brinde mayor personal, pues en el caso de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el estado de Chihuahua, a pesar de contar con 36 mil pozos, 550 mil hectáreas de riego, sólo dos personas supervisan el consumo.
Agregó que otro aspecto fundamental a analizar es la duplicidad de las dependencias en el manejo del líquido, pues ahora hasta la Secretaría del Bienestar interviene; además pidió atender el robo, su venta indiscriminada a través de los módulos de riego y la deforestación.
Relató que existe un abandono total de las partes altas de las cuencas hidrológicas de las sierras de Chihuahua, Durango, Sonora, Coahuila. Ejemplificó que, en el caso de Chihuahua, hay 15 municipios donde vive la gente más pobre, esto a pesar de que generan el 70 por ciento del agua que se usa en el distrito de riego de Sinaloa y el 80 por ciento en el Valle del Yaqui, Sonora.
