CDMX.- La Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación (Cocopa) se reunió con Josefina Bravo Rangel, comisionada para el diálogo con los pueblos indígenas de México, de la Secretaría de Gobernación, quien señaló que es necesario hacer un análisis para que la Constitución Política considere la declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas.
“Es importante destacar que en el 2007 se aprobó la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, cosa que no existía cuando se planteó la iniciativa de la Ley Cocopa”. Es necesario que se retome y analicen para armonizar los derechos de estos pueblos.
Dijo que es momento de volver a encontrar una etapa crucial y que a esta comisión le tocaría pasar a la historia y realizar acciones contundentes. Dentro del análisis que se haga es muy importante que los integrantes participen en los foros de consulta.
Comentó que la Cocopa se formó en marzo de 1995. Tuvo una importancia y una función fundamental para restablecer el diálogo entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Estos movimientos indígenas no nada más luchan desde las comunidades en el ámbito nacional, sino que también en lo internacional, por lo que ha habido mucho trabajo.
En reunión previa, se llevó a cabo una sesión solemne con motivo de la conmemoración de los 74 años de la Carta de las Naciones Unidas. El presidente de la comisión, Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI), dijo que es primordial conmemorar este hecho histórico como una manera de reafirmar que sí es posible obtener un acuerdo de paz duradera para atender las causas antropológicas, culturales y éticas que explican la violencia física y verbal.
Manifestó que los miles de migrantes que cruzan nuestro territorio son un llamado de atención por el que México debe activar su alerta, visibilizando a los miles de mexicanos desplazados por la violencia criminal y los conflictos armados, sociales y territoriales.
“Estamos viendo a mexicanos desplazados por la violencia que pueblan nuestras ciudades, personas que se suman a ancianos desprotegidos, discapacitados, mujeres, niñas y niños violentados; por ello, México está obligado a garantizar las necesidades básicas de nuestros ciudadanos en materia de seguridad física y patrimonial, en asuntos de bienestar socio-económico, salud, en temas de respeto a sus múltiples identidades originarias y libertades democráticas”.
Hizo un exhorto al gobierno de México y a los grupos que han planteado sus diferencias por vías violentas a sentarse para negociar y firmar acuerdos definitivos que les den certeza a sus comunidades, pueblos y al país.
