CDMX.- La Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, dijo que ratifica el compromiso con la libertad de expresión al garantizar la libre práctica del periodismo en México.
“No podemos hablar de democracia sin hablar de libertad de expresión. Desde la Subsecretaria de Derechos Humanos, Población y Migración, consideramos primordial que todas las personas puedan pensar y expresar sus ideas, independientemente del contenido de éstas, sin censura ni restricciones indirectas”.
En el marco de la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión en México, el Subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez se pronunció porque no exista impunidad en casos en los que las personas que ejercen el periodismo han sido violentadas o privadas de la vida.
Por lo que reconoció la obligación que se tiene, desde el ámbito de su competencia, de garantizar, proteger, promover y respetar el ejercicio pleno de este derecho. “Esto incluye proteger y garantizar la libertad de prensa y el libre ejercicio de la labor periodística, que está en constante ataque en nuestro país.”
Lo anterior, toda vez que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Artículo 6º que, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley.
Asimismo, la Carta Magna estipula que el derecho a la información será garantizado por el Estado y que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración recordó que la Secretaría de Gobernación de la actual administración, ha trabajado durante los primeros meses de su gestión en el análisis y la evaluación del Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, mediante el cual se determinó fortalecer las facultades, atribuciones y esquemas de intervención del Estado mexicano.
