A fin de garantizar la gratuidad de la educación, la senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes presentó una iniciativa de reformas al Código Penal para que se inhiba la conducta, por parte de autoridades escolares, para cobrar cuotas voluntarias a cambio del ingreso, permanencia, aplicación de evaluaciones o retención y expedición de documentos.
La propuesta define el delito de concusión como aquella conducta llevada a cabo por un funcionario público que hace uso de su cargo, para hacer pagar a otra persona una contribución, renta o impuesto que no esté previsto en la ley.
En las modificaciones legales que se plantean, abundó, se establecerá como una agravante el hecho de que los funcionarios públicos condicionen el ingreso, la permanencia, la aplicación de evaluaciones, exámenes y la retención o expedición de documentos, a cambio del pago de las “cuotas voluntarias” en cualquier plantel público de educación federal.
La senadora del PRD señaló que, pese a que la ley establece la gratuidad de la educación, se ha documentado periodísticamente y por testimonios de miles de personas (maestros, padres de familia y alumnos), que existen casos en los que las escuelas públicas exigen cuotas a los padres de familia. Y que, en caso de no ser cubiertas, se niega el acceso del educando a la escuela, o bien, se le retienen dichos documentos.
De acuerdo con datos de la Federación Nacional de Padres de Familia, cada ciclo escolar ingresan a las escuelas del país aproximadamente 7 mil millones de pesos por el cobro de cuotas voluntarias, que van desde 250 hasta dos mil pesos por cada alumno de educación básica. cuyo objetivo -según se informa- es destinarlas al pago de mantenimiento, remozamiento de instalaciones, compra de equipo y productos pedagógicos. Sin embargo, tampoco existen datos oficiales que determinen el destino final y el uso de dichos recursos, aseguró.
