Al inaugurar el Foro “Violencia política de género”, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Wendy Briceño Zuloaga (Morena), dijo que es urgente tipificarla como delito a fin de erradicar este obstáculo democrático en la Federación y los estados, así como obligar a los partidos políticos a incluirlo como tal en sus estatutos.
La legisladora afirmó que es primordial llevar a cabo acciones de prevención y “los institutos electorales deben cambiar las sanciones para obligar a los partidos políticos a tipificar la violencia en su normatividad interna y detener estas conductas, porque muchos de ellos la siguen legitimando y naturalizando”.
La diputada María Guadalupe Almaguer Pardo (PRD), secretaria de la Comisión, manifestó que en todos los espacios donde existe poder hay agresión política contra las mujeres; por ello, dijo, es importante escuchar a las víctimas y ampliar la visión sobre este problema.
Aseguró que la complicidad en las instituciones políticas generaliza la violencia de género y sucede porque “los hombres se protegen unos a otros en toda la estructura”.
Señaló que ante la ausencia de un catálogo de sanciones y que no hay tipificación para este tema, es necesario actualizar la ley y construir lo necesario desde la Comisión de Igualdad de Género.
“Todos los instrumentos legales deben centrarse en la prevención pero también en sanciones, porque tenemos leyes, pero sin dientes. No podemos hablar de igualdad sustantiva si el camino para alcanzarlo está minado”, expresó.
Subrayó la importancia de denunciar actos indebidos; sin embargo, muchas mujeres no identifican la violencia política, por lo que resulta indispensable darle visibilidad al asunto en municipios y ciudades. “Se tiene que notar que la LXIV Legislatura es de la paridad de género”.
Es relevante traer experiencias locales desde los municipios, porque es ahí donde inicia la violencia política contra las mujeres. “No debemos legislar sin el acompañamiento de expertas, representantes de organismos internacionales y, bajo ninguna circunstancia, sin las organizaciones de la sociedad civil”, concluyó.
El diputado Francisco Javier Guzmán de la Torre (Morena) se pronunció por plasmar en las leyes todo lo que se expone por expertas y organizaciones de la sociedad civil. “Tenemos que comprometernos para que esto no sea un muro de los lamentos, sino aterrizar acciones concretas, pero sin llegar a ser la Inquisición”.
La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Paola Ravel Cuevas, puntualizó que es necesario tipificar la violencia política hacia las mujeres por razón de género, porque “no hay claridad de quiénes pueden cometer estos actos y tampoco existe una catálogo de sanciones fuertes que verdaderamente inhiban estas conductas”.
Al hablar sobre la experiencia en el INE en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, aportes y retos enfrentados expresó que es importante establecer qué sanciones corresponden a quien cometa este delito. Consideró que podría establecerse que si se detecta que un precandidato incurrió en esta conducta se le niegue la candidatura, y “si ya se le dio, cancelarla. Sólo así vamos a inhibir este tipo de conductas”.
La también presidenta de la Comisión temporal para el fortalecimiento de la igualdad de género y no discriminación, subrayó que estas agresiones son el mayor obstáculo que enfrentan las mujeres al ejercer sus derechos políticos.
“Lo peor es que no nada más afecta a las directamente violentadas, generando una especie de autocensura para que sigan compitiendo, también se manda un mensaje claro a otras mujeres para que no participen en la vida pública”.
La consejera afirmó que el INE tiene el reto de otorgar sus derechos a quienes tienen alguna discapacidad y se postulan para un cargo político, por lo que es necesario establecer acciones que promuevan su inclusión. “Se debe normar en la legislación que no se puede atentar o vulnerar el principio de paridad de género para incluir a un grupo en situación de vulnerabilidad o históricamente discriminado”.
