La Cámara de Diputados exhortó a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública, a que auditen los recursos entregados y ejercidos, a través de Nacional Financiera, al fideicomiso número 80724 denominado “Río Sonora” y, en su caso, fincar responsabilidades a funcionarios involucrados.
Asimismo, llamó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a emprender un estudio a la calidad del agua del río Sonora; a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pidió nuevos estudios para descartar riesgos a la población humana, animal y vegetal, en la región.
Al sustentar el exhorto, el diputado Heriberto Marcelo Castillo (Morena) dijo que ya son cinco años del desastre ecológico provocado por el derrame de metales en los ríos Sonora y Bacanuchi provenientes de la empresa Buenavista del Cobre, filial de Grupo México.
El derrame tóxico acabó con la columna vertebral de la vida económica y social de más de 25 mil habitantes de la región; provocó trastornos económicos; obligó el cierre de escuelas y pozos, y afectó la salud de cientos de personas, de acuerdo con informes de la propia Cofepris.
“Para los habitantes de la región fue un día de infamia, cuando la inconsciencia y la impunidad se impusieron a la razón y a la justicia”, agregó.
Para resarcir los daños, recordó, el 15 de septiembre de 2014 se creó el Fideicomiso número 80724 denominado “Río Sonora” y se firmó con Grupo México contrato privado de 2 mil millones de pesos, incluida una aportación inicial de 500 millones, “como fuente y medio de pago para llevar a cabo las medidas de remediación, reparación y/o compensación de daños ambientales y a la salud, conforme al Programa de Remediación y como mecanismo de pago, respecto de reclamaciones por afectaciones materiales causadas a las personas como consecuencias del derrame”.
Sin embargo, en cada hogar sólo se vio el apoyo de un tinaco con el logotipo del fideicomiso y 15 mil pesos en efectivo para garrafones de agua, pero nunca se atendió la demanda de instalar plantas potabilizadoras en cada población afectada por el derrame tóxico, así como la instalación de una unidad de vigilancia epidemiológica y ambiental.
Puntualizó que está documentado que funcionarios de la Semarnat del actual gobierno del estado y de la minera se beneficiaron con dinero del fideicomiso.
Consideró que para terminar con la opacidad es necesario establecer un mecanismo de rendición de cuentas de las autoridades fiscalizadoras de la región. “En Morena luchamos por cambiar el régimen de corrupción e injusticia que ha llevado al país a la decadencia actual”.
