Chihuahua.- En México, más del 95 por ciento de las víctimas de corrupción no la denuncian y en el caso de las empresas la cifra es del 80 por ciento, porque desde la perspectiva de las personas, los gobiernos “ya bajaron los brazos” en el tema de combate a la corrupción, señaló Adrián Franco Barrios, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Instituto Nacional de Geografía (INEGI)
Franco Barrios presentó la conferencia “Estadísticas para dimensionar la corrupción en México” dentro del Encuentro Nacional Anticorrupción que se desarrolla en el Museo Casa Chihuahua de la capital del estado y que para sus tres días de agenda registró la participación de 47 expertos del país.
Dijo que en 2017 hubo más de 9 millones de actos de corrupción, además de que el 91 por ciento de la población percibe que existe corrupción en sus entidades.
El funcionario lamentó, que a pesar de los millones de actos de corrupción, únicamente se generaron 16 mil expedientes por faltas administrativas de los servidores públicos, mil 182 casos en impartición de justicia mil 182 expedientes y llegaron 634 personas hasta el sistema penitenciario.
Agregó que 6 mil 584 servidores públicos, de nivel estatal, estuvieron involucrados en investigaciones sobre corrupción y 8 mil en el caso de los municipios, lo cual implica al uno por ciento de la gente que trabaja en estas instancias.
Precisó que en 2017 se recibieron cerca de 120 mil quejas por servidores públicos en los tres órdenes de Gobierno y se realizaron 19 mil auditorías, de las cuales, no hay certeza de que sean un combate efectivo a la corrupción, a pesar de todos los recursos que se destinan a estas acciones.
Detalló que en el ámbito federal se registraron 26 mil 293 quejas, por las cuales se efectuaron 3 mil 979 auditorías y se aplicaron 9 mil 513 sanciones.
Franco Barrios informó que en los estados se presentaron 65 mil 560 quejas, 11 mil 72 auditorías y 13 mil 127 sanciones, mientras que en los municipios las quejas fueron 41 mil 437, se efectuaron 12 mil 392 auditorías y se sancionó a 9 mil 809 personas.
Expuso que es indispensable utilizar mediciones precisas en la detección de riesgos y una capacidad de inteligencia para desarrollar políticas públicas anticorrupción.
Dijo que el INEGI tiene la función de proporcionar información para que los gobiernos tomen decisiones y recomendó reducir los riesgos de actos de corrupción, para lo cual es mejor facilitarles la vida a los ciudadanos con trámites simplificados y sencillos.
“Se necesita incrementar la calidad de las personas que atienden a la ciudadanía en las oficinas públicas, a fin de que exista un servicio profesional público de carrera”, expresó.
Adrián Franco planteó que el 80 por ciento de los trámites se realizan en una ventanilla, por lo cual es necesario tecnificar los trámites y servicios para disminuir el contacto humano, lo cual reduce las posibilidades de actos de corrupción.
Destacó que es necesario focalizar las acciones para reducir los trámites engorrosos y para darles certeza a las personas.
Indicó que la corrupción es difícil de combatir porque es racional y se maximiza un beneficio para todos los involucrados y es sistémica porque existen redes que se tejen en las instituciones o empresas por lo cual resulta complicado terminar con ellas.
“A mayor Estado de Derecho, menos nivel de corrupción, las reglas se deben aplicar y la infracción a la norma se debe sancionar, porque de lo contrario se incentiva la conducta ilegal”, expuso el funcionario del INEGI.
El director general de Estadísticas informó que en el INEGI, desde el 2009, se desarrollaron maneras para medir la corrupción a través de la relación de los ciudadanos con los gobiernos, los empresarios en los gobiernos, en las corporaciones policiacas, en las prisiones tanto de adultos como de adolescentes y censos de gobiernos, incluidos el federal, los 32 estados y los 2 mil 459 municipios del país.
Aceptó que falta metodología y desarrollo científico para la medición de la corrupción, no obstante el INEGI creó un manual para medir la corrupción, que es el primer esfuerzo internacional para tener mayor certeza sobre este tema.
Compartió con los asistentes que siete de cada 10 personas dicen que el mayor problema es la seguridad y seis de cada 10 dicen que el segundo es la corrupción.
Detalló que solamente el 16 por ciento de las empresas dicen que la corrupción es un problema, aunque cerca de 40 por ciento de las compañías enfrentan algún acto de corrupción y más del 50 por ciento de las empresas asimilan que tienen que asumir algún costo de tipo organizacional para atender las reglas.
Informó que nueve de cada 10 personas dicen que los partidos políticos y policías son corruptos y 8 de cada 10 señalan que el Gobierno Federal, los gobiernos estatales, así como los diputados y senadores también lo son.
De la misma manera, ocho de cada 10 dicen que el más corrupto es el policía de tránsito y luego el policía municipal, por lo cual deben ser los primeros campos a trabajar cuando se busca erradicar la corrupción.
El 62 por ciento de las personas y 52 por ciento de las empresas creen o escucharon que hay corrupción, y solamente el 14.6 por ciento de las personas y el 10 por ciento de las empresas lo experimentaron en la realidad.
Además –indicó Franco– seis de cada 10 personas fueron víctimas de un acto de corrupción al contacto con elementos de seguridad pública, mientras que en las empresas el 30 por ciento tuvo un acto de corrupción al tener contacto con aspectos de seguridad pública.
Dijo que si aumentan la regulación y los trámites, aumenta la corrupción y si aumentan las sanciones también aumenta la corrupción.
Añadió que los mexicanos y mexicanas gastan en promedio 2 mil 272 pesos al año por actos de corrupción, los hombres destinan a este tema mil 851.7 pesos y las mujeres erogan por este concepto 3 mil 412.6 pesos anuales.
Este dato en las empresas es de 12 mil 023 pesos por víctima al año, de acuerdo a los estudios realizados por el INEGI.
El funcionario destacó que solamente el 17 por ciento de la población tiene confianza en los partidos políticos y que la corrupción tiene un costo político, puesto que en las elecciones de 2018, los estados donde hubo votación fueron en los que la población sufrió más actos de corrupción, así que el electorado optó por un cambio de partido en el gobierno estatal.
Por su parte, el presentador José Octavio López Presa, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, resaltó el esfuerzo que realiza Chihuahua para que el tema de la corrupción no sea algo anecdótico, sino que sea una verdadera lucha.
