El diputado Braulio Guerra Urbiola (PRI) señaló que en México siete de cada 10 menores de edad sufren algún tipo de agresión y únicamente el 2 por ciento de los casos se denuncia; por ello, impulsa una iniciativa para elevar a rango constitucional el derecho de las niñas y los niños a un desarrollo integral libre de violencia y maltrato.
Datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) indican que en 2017 México ocupó el primer lugar en materia de abuso sexual, violencia física y homicidio de menores de 14 años, de entre todos los países que la conforman, aseguró.
En nuestra nación, explicó, “la violencia contra los menores es silenciosa, se invisiviliza y se ´normaliza´, desgraciadamente, el maltrato”. El abuso físico y el abandono constituyen en la actualidad los principales problemas de los menores en la sociedad, ya que se manifiestan en todos los estratos económicos y sectores sociales, enfatizó el diputado.
Es preocupante, continuó, que sea en el seno de la familia donde ocurren mayoritariamente estos actos, ya que entre el primer año de vida y los 14 años de edad, el 63 por ciento de infantes y adolescentes reclama haber experimentado castigo físico o psicológico por miembros de la familia.
Guerra Urbiola, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, indicó que los ataques contra los menores de edad dañan su salud física y mental, desestabiliza los entornos seguros de aprendizaje y hace estragos en la igualdad entre los géneros. “Los menores que son violentados serán adultos violentos y la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres nunca podrá cerrarse”, advirtió.
La Organización Mundial de la Salud define a la violencia como “el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de provocar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” y su impacto varía en función del sexo y edad de la víctima.
Comentó que hay dos tipos de crueldad contra esa población: la activa, que se presenta por medio de agresiones físicas y psicológicas y actos de abuso sexual, situaciones que provocan baja autoestima y merman el desarrollo personal, social, intelectual o moral. Y la pasiva, que “se desencadena a través de actos recurrentes e intencionales de omisión, que también atentan contra la integridad física y emocional del menor”.
Mencionó que la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece como principio rector el derecho a tener una vida libre de violencia; sin embargo, es necesario que el texto constitucional especifique en su artículo 4o. que los menores deberán tener un desarrollo integral libre de violencia y maltrato.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, precisa que legislar en favor de la niñez no sólo cambia el futuro sino que traza un nuevo rumbo para todo un país.