La Comisión avaló el dictamen que reforma los artículos 102 y 116 de la Carta Magna, para establecer las bases que permitan a las entidades federativas, contar con Fiscalías Locales como órganos públicos autónomos, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio, con el fin de lograr legalidad, transparencia, imparcialidad y aplicación estricta del derecho en la función de investigación y persecución de delitos.
Esta reforma permite que la procuración de justicia y el actuar de cada fiscal estatal, este regido por principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos, y que su designación no obedezca a ningún tipo de interés público o privado.
Se precisan reglas claras para el nombramiento de sus titulares, y los procesos de designación, siendo que los actuales titulares en funciones a la entrada en vigor de la reforma, puedan ser considerados en las ternas a ser votadas en el congreso local.
