La Cámara de Diputados aprobó establecer como atribución del Comité Nacional de Emergencias el considerar la evacuación prioritaria de las personas en zonas de riesgo, y gestione la exención de peaje en casetas de cobro ubicadas entre la región de evacuación y la zona de seguridad inmediata.
El dictamen que reforma la fracción II del artículo 34 de la Ley General de Protección Civil, fue avalado por 361 votos y enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Considera que la salvaguarda de la vida humana está por encima de cualquier consideración o ganancia económica e indica que las alertas y evacuaciones son eventos extraordinarios, por lo que el impacto económico a los concesionarios de carreteras será mínimo.
Al fundamentar el dictamen, el secretario de la Comisión de Protección Civil, diputado Héctor Barrera Marmolejo (PAN), señaló que se trata de dar al Comité Nacional de Emergencias la atribución de gestionar la exención de peaje en casetas de cobro, ubicadas entre la zona de evacuación y el área segura inmediata; ello, en virtud de que es prioritaria la evacuación de las personas que se encuentren en riesgo ante una catástrofe.
“Se considera viable la necesidad de poner a salvo la vida de las personas y que ello no esté sujeto a la complicación de pagar o no un peaje. El dictamen no causa un aumento o creación de gasto al Presupuesto de Egresos”, afirmó.
Detalló que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Cámara determinó que si bien el pago de peaje representa un ingreso, la exención de los cobros puede verse como un costo imputado y dado que el ingreso para el gobierno federal es marginal del 0.5 por ciento, no es posible estimar su monto hasta que no ocurra la emergencia.
Barrera Marmolejo mencionó que México se ha visto asolado por diversos fenómenos naturales que lamentablemente han cobrado vidas humanas, por lo que es necesario que “reconozcamos la importancia de la protección civil y de la prevención”.
Puntualizó que se debe dotar a las autoridades con mejores instrumentos legales para prevenir desastres y siniestros, dar avisos de alarmas en casos graves de emergencia, así como realizar labores de evacuación, dispersión, albergue, socorro, rescate y salvamento.
En los posicionamientos, la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola (PES) expresó que el dictamen tiene como argumento que la vida humana no puede ser tasada en términos económicos y es preferible “tener pérdidas presupuestarias que de vidas humanas. Siempre saldrá menos costoso invertir en medidas preventivas que pagar las consecuencias de la falta de ellas”.
Añadió que la reforma debe precisar con claridad que en este caso de emergencias serán gratuitas todo tipo de casetas, ya sean federales, estatales, así como las concesionadas y administradas por particulares, de tal manera que “el texto legal dé certeza a la obligación de todos quienes administran las casetas de peaje”.
Carlos Gutiérrez García, diputado de NA, mencionó que es insoslayable que en la Ley General de Protección Civil se tomen medidas para hacer más eficiente el flujo vehicular en casos de emergencia. “La seguridad de la población es un tema prioritario, motivo por el cual estamos decididos a fortalecer el marco jurídico”.
De acuerdo con el Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres, de la Organización de las Naciones Unidas, en 2015 se registraron 346 desastres naturales a nivel mundial. Dichos eventos cobraron la vida de 22 mil 773 personas, afectando a más de 98 millones y originando daños económicos de más de 66 billones de dólares.
La proponente de la reforma, diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (MC), argumentó que con estas modificaciones se garantiza poner a salvo la integridad de los ciudadanos o de los turistas en momentos de emergencia.
“Hoy le demostramos al país que la vida de los mexicanos cuesta más que cualquier impacto o pérdida que se pueda generar derivado de permitir el libre paso en caso de siniestro. Espero que nunca se llegue a necesitar abrir la pluma, pero cuando se haga necesario ya exista en ley una obligación de que se salvaguarde la vida de los mexicanos, aún a costa del interés económico que pudiera implicar para el país o para los particulares”, añadió.
Por el PVEM, el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez expuso que la gran cobertura de la red carretera nacional permite que se atiendan emergencias de manera rápida, sobre todo considerando aquellos tramos bajo jurisdicción federal que abarcan mayor extensión territorial y que tienen conexiones con comunidades a lo largo del país.
Esta modificación, dijo, “parece cosa menor; sin embargo, no lo es, ya que contribuye a garantizar la mayor protección a la totalidad de las personas que viven dentro del país en caso de una emergencia. Estamos convencidos de que entre más se promuevan acciones a favor de la seguridad y el buen resguardo de la gente, se pueden minimizar los daños y, sobre todo, las pérdidas humanas”.
Jesús Emiliano Álvarez López, diputado de Morena, señaló que México, por su ubicación geográfica, se encuentra expuesto a fenómenos naturales que año tras años causan pérdidas de vidas y daños a la infraestructura y medio ambiente. Por ello, el dictamen cobra especial relevancia, ya que “contribuye a facilitar el rescate de vidas y ayudará al movimiento de las personas que quieren ayudar a estos fenómenos, a voluntarios y, sobre todo, a aquellos que fueron afectados por cualquier tipo de este desastre”.
Precisó que el exonerar las diversas cuotas de peaje en el tiempo de contingencia coadyuvará en facilitar el tránsito de personas y víveres que requiere la población. Así, el desplazamiento de los servicios de emergencia, protección civil y voluntarios no se verán afectados para emitir un gasto por esta noble labor que están realizando. “Estamos convencidos de que en ningún caso el interés económico debe prevalecer por encima de una vida”.
La diputada María Cristina García Bravo (PRD) mencionó que es importante mejorar esta reforma, para reintegrar el sentido de la propuesta, el cual mandata un mecanismo específico para garantizar la pronta e inmediata salvaguarda, la seguridad y la protección de la población que se encuentre en zona de riesgo ante una situación de desastre o emergencia.
Recordó que la iniciativa de la diputada Ramírez Nachis instruía a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a determinar la exención del peaje en aquellas autopistas en las que se requiere evacuar a personas en situación de riesgo, en forma inmediata.
Del PRI, la diputada Noemí Guzmán Lagunes precisó que esta reforma busca la condonación de peajes como medida preventiva ante las emergencias o desastres, pues es prioritario apoyar con todos los medios disponibles a la población en riesgo y ponerla a salvo de peligros o de los efectos más destructivos de los desastres.
Esta reforma, afirmó, se suma a los esfuerzos del gobierno de la República para mejorar la respuesta a los desastres y reforzar las capacidades y logística que permitan asegurar una mejor atención de las contingencias provocadas por los fenómenos perturbadores. “Los fenómenos naturales no pueden predecirse, pero sí estamos obligados a prever su ocurrencia, a mitigar sus efectos y a reducir el riesgo de desastres”.
Se rechazó una propuesta de modificación presentada por el diputado Jorge Tello López (PRD) al artículo 34 de la Ley General de Protección Civil, para establecer que el Comité Nacional de Emergencias solicitará a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la inmediata exención del peaje en las casetas de cobro ubicadas entre la zona de evacuación y la considerada como segura, a fin de facilitar la evacuación de las personas que se encuentran en las zonas de riesgo.
