La Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó con 22 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, en sus términos, el dictamen a la minuta enviada por el Senado de la República, que expide la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech, y para su correcta implementación se avalaron reformas a nueve leyes.
El dictamen, turnado a la Mesa Directiva para su discusión en el Pleno, precisa que se pretende contar con un marco normativo acorde a las nuevas tecnologías financieras dentro de la globalización, lo que representará mayor inclusión financiera, fomentar la competencia del mercado y dar mayor certidumbre jurídica a los participantes del sistema financiero.
La presidenta de la instancia legislativa, diputada Gina Cruz Blackledge (PAN), afirmó que esta norma es única en el mundo. “No hay otro país que tenga regulado con ley todo lo que tiene que ver con estos procesos”; únicamente hay regulaciones en este sentido.
“México será punta de lanza al tener una ley aprobada que regule los procesos relacionados con estos servicios financieros de alta tecnología”, aseguró.
Informó que las reservas y votos particulares presentados se tramitarán para su discusión ante el Pleno de la Cámara de Diputados, para salvaguardar los derechos que otorgan los artículos 109 y 189 del Reglamento.
El nuevo marco jurídico está compuesto por 145 artículos y once transitorios, resalta la sección VIII relativa a las sanciones que corresponde imponer al Banco de México (Banxico) o a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Establece que la CNBV “sancionará con multa de 5 mil a 20 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a las entidades y participantes en redes que infrinjan cualquier disposición de esta ley o las disposiciones de carácter general que expidan” ambas instituciones. En caso de reincidencia, las sanciones podrán ser hasta del doble.
Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito; Ley del Mercado de Valores; la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.
Además, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras; la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
La instancia legislativa emite diez consideraciones a la minuta enviada por el Senado de la República. Establece su acuerdo, toda vez que en la “actualidad no existe un marco normativo que regule las actividades realizadas con o a través de las denominadas Instituciones de Tecnología Financiera (ITF)”.
Consideró adecuada la regulación de los modelos novedosos propuestos como una herramienta para evitar la implementación de una normatividad desfasada, al crear un espacio seguro en el cual las empresas pueden probar innovaciones tecnológicas al prestar servicios financieros, con número limitado de personas y por un periodo determinado, sin tener que cumplir en un primer momento con todas las cargas regulatorias aplicables a la actividad.
El documento resalta la regulación para operar con activos virtuales con el objetivo de mitigar posibles riesgos que puedan surgir por el uso de los mismos, mediante dos tipos de medidas: uno, para que las IFT y entidades financieras “cumplan con un régimen estricto para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”.
El segundo, se encuentra en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en la cual “el ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales se añade como actividad vulnerable cuando sea realizada por parte de entidades distintas a las autorizadas en la ley, por lo que tendrán que cumplir con la normatividad establecida para este tipo de actividades”.
Consideró conveniente establecer y abrir Interfaces de Programación de Aplicaciones que permitan la interconectividad entre las entidades financieras, incluidas las Instituciones de Tecnología Financiera, mejorando la experiencia del cliente y creando nuevos mercados para las entidades.
Refiere como positiva la creación del Grupo de Innovación Financiera que permita la apertura del diálogo entre las autoridades financieras, el sector Fintech y demás participantes involucrados en materia de tecnología financiera, con lo cual se busca que el crecimiento del sector y la innovación de tecnologías puedan planearse y regularse de manera ordenada, además mitigar posibles riesgos que pudieran suscitarse por la entrada de nuevas tecnologías en el mercado financiero.
Durante la sesión de trabajo, participaron Bernardo González Rosas, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y, Luis Urrutia, director general Jurídico del Banco de México (Banxico), del sector privado, Francisco Meré Palafox, presidente del Consejo Directivo Nacional de FinTech México.
La diputada Cruz Blackledge destacó la importancia de que funcionarios y empresarios expliquen a los legisladores su punto de vista sobre esta nueva legislación.
El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, coordinador de Nueva Alianza, indicó que las empresas tecnológicas dedicadas a las finanzas se han convertido en una opción real para miles de mexicanos que invierte o ahorran en portales digitales, lo que hace imperante su adecuada regulación y normatividad para proteger a usuarios, evitar fraudes financieros y el robo de datos.
El legislador Armando Rivera Castillejos (PAN) preguntó ¿por qué en la CNBV cae la mayor parte de la regulación y no en el Banco de México, cuando esta última es la financiera nacional y la que debería tener más injerencia?
Por Morena, el diputado Vidal Llerenas Morales interrogó: ¿por qué son considerados como actos de comercio lo contemplado por esta la ley?
Del PAN, el diputado Herminio Corral Estrada, aseguró que conforme los meses pasan, aumenta la necesidad de regular la actividad de parte de las nuevas empresas de tecnologías financieras, precisar qué filtros se necesitan, pues pueden presentarse casos de identidades falsas como ocurre en las redes sociales.
El diputado Jorge Enrique Dávila Flores (PRI) comentó que la Ley para las Instituciones de Tecnología Financiera es necesaria en estos momentos. “Estamos a buen tiempo de aprobarla, ya que en el sistema financiero mexicano se realizan muchas operaciones de carácter virtual y la tecnología nos está rebasando en materia legislativa”.
La diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez (PVEM) destacó que la tecnología y el Internet son el mayor medio democratizador, por lo que esta ley se ocupa de la banca financiera del futuro y del acceso al sistema financiero sin importar el estatus económico, a fin de dar una mejor competencia entre las empresas. “Este sector empieza a verse como un motor de crecimiento, inversión y generación de nuevas formas de negocio, ayudará prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”.
De Morena, el diputado Juan Romero Tenorio calificó a esta ley como compleja, por lo que deben buscarse opiniones que ayuden a comprender los alcances de este marco normativo, debido a que hay atribuciones marcadas que generan dudas, pues aunque se norma un modo de pago electrónico, en realidad regula actos de comercio. Aseguró que este marco da pauta para tener nuevos fraudes y padece la falta mecanismos para cumplir el interés público.
El presidente de la CNBV, al dar respuesta a los cuestionamientos de los legisladores, explicó que la ley tiene distintas previsiones comerciales, como la protección a usuarios en donde señala que las reglas de capitalización no son iguales a las que siguen los bancos, y tienen la clara visión de la protección de usuarios de estas plataformas. Aseguró que la división de competencias es equilibrada, pues participan distintas autoridades.
Subrayó que es difícil tener una ley con todos los principios y reglas; por eso es importante que en la regulación secundaria haya mayor flexibilidad, aunque no discrecionalidad de las autoridades.
Durante su intervención, Gonzáles Rosas precisó que México es el centro más importante en América Latina, en el desarrollo de empresas FinTech. “Hay más de 540 mil usuarios en todo el país y más de 17 mil 400 mdp en transacciones, pero hoy la autoridad no puede regularlo”.
La norma que se pretende expedir, entre otras cosas, reglamenta las instituciones de Fondos de Pago Electrónico, las entidades de Financiamiento Colectivo y los Activos virtuales.
Apuntó que no era posible una ley con tantas reglas, por lo que más bien se basa en cinco principios: promover la inclusión financiera; proteger al consumidor; propiciar competencia; preservar la estabilidad económica y prevenir lavado de dinero.
Explicó que se normarán los pagos con monederos de dinero electrónico; se tendrá que divulgar claramente a los usuarios en dónde coloca su dinero y el Banco de México definirá con qué activos se podrá operar.
González Rosas destacó los beneficios del sector FinTech, tales como procesos más eficientes y a menores costos; no obstante, dijo, existen riesgos como el lavado de dinero, incertidumbre jurídica, falta de protección a los usuarios y riesgos sistémicos o tecnológicos.
Por su parte, el director general Jurídico del Banxico sostuvo que las transacciones que marca la ley quedan bajo el modelo de acto de comercio, por lo que se sujetan a todas las disposiciones mercantiles, así como otros mecanismos contemplados.
Consideró que es importante contar con una legislación que establezca un marco regulatorio más estricto en los servicios que prestan las instituciones en su relación con los clientes y cómo deben de constituirse y organizarse.
Esta ley contempla, dijo Luis Urrutia conceptos muy similares a los que se tienen para regular algunos otros intermediarios financieros como pueden ser los bancos, casas de bolsa, dependiendo del modelo del negocio al cual se dedican, y esto tiene como propósito, asegurar una regulación adecuada, prudencial que abone a la solvencia de las instituciones.
En cuanto a las atribuciones está considerada la participación de todas las autoridades. El Banxico y la CNBV juegan un papel importante en los términos que su propia ley y la Constitución les permite.
Francisco Meré Palafox, presidente del Consejo Directivo Nacional de FinTech México, consideró que este marco jurídico es una oportunidad para promover la inclusión financiera utilizando la tecnología.
Puntualizó que permitirá democratizar el acceso al crédito en términos competitivos y ofrecer a PYMES -las grandes fuentes de empleo de México- acceso a servicios financieros de calidad que cubran sus necesidades.
Además, fomentará la competencia en la prestación de servicios financieros y abrirá distintas fuentes de inversión a todas las personas.
Con la introducción de la portabilidad del expediente financiero de las personas a través de APls, permitirá a los usuarios hacer uso de su información en su beneficio para obtener mejores productos financieros, explicó.
Afirmó que incrementará la certidumbre jurídica de las empresas FinTech, fomentará la inversión y protegerá los derechos de los usuarios de servicios financieros y la protección de sus datos personales.
Agregó que las empresas de fondeo colectivo, comprendidas en este proyecto de ley, no solo permitirán dar más crédito a pequeñas y medianas empresas; también se considera que estas plataformas podrán ser mecanismos de obtención de capital, es decir, que pequeñas y medianas empresas podrán obtener recursos no solo de deuda sino de capital, lo cual potenciará su crecimiento.
“Celebramos este proceso legislativo y esperamos contar con la aprobación de este proyecto, creemos que será muy importante para el desarrollo del sector y avanzar en los temas de inclusión en el país”, finalizó.
