Entra en vigencia la nueva ley de adquisiciones impulsada por la diputada Rocío González

Esta semana entró en vigencia la nueva ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Chihuahua, impulsada por la Diputada Rocío González, con la visión de detener la corrupción que se presenta en las compras de los entes públicos, prevé mecanismos y candados para que los ejercicios licitatorios sean transparentes.

Dicha ley se trabajó durante casi 11 meses en 25 mesas técnicas en las que se contó con la participación y representación del Poder Ejecutivo a través de las Secretarías de Hacienda, Función Pública y Salud; del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua; de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), FICOSEC, CODECH, IMCO, USAID México, así como de diversas asociaciones de carácter civil, tales como KAREWA y México Evalúa.

Es importante señalar que este proyecto contempla muchas buenas prácticas que ya se realizan en otros estados como Guanajuato y Querétaro; instituye los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en la administración de los recursos públicos.

Asimismo, establece que las autoridades de los tres niveles de gobierno tienen la obligación de asegurar al Estado las mejores condiciones en términos de precio, calidad, financiamiento y oportunidad cuando realicen la adquisición y el arrendamiento de bienes o la contratación de servicios. El objetivo es que esta Ley sea sencilla, transparente y ciudadana, pero sobre todo que no permita más actos de corrupción, para ello:

a) Se incorporan un Sistema Electrónico de Compras,

b) Se crea un Padrón de Proveedores,

c) Se concibe la figura de los testigos sociales y las personas observadoras.

También se brinda la posibilidad de que las cámaras, colegios, organizaciones empresariales, así como personas de los sectores social y privado participen como testigos sociales en los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Se contempla la obligatoriedad para los entes gubernamentales de publicar anualmente su programa de adquisiciones, se crea un Comité Especial ante el cual los entes públicos deberán solicitar la autorización para poder llevar a cabo la contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones. También, incluye la transmisión en tiempo real de los actos del procedimiento de licitación pública e invitación a cuando menos tres proveedores.

De igual manera, se establecen disposiciones claras que contemplan sanciones y responsabilidades tanto para los proveedores como para los servidores públicos que incurran en irregularidades o violaciones a las disposiciones locales y nacionales en la materia.

Se trata de una ley que fue elaborada directamente para combatir la corrupción, que se hizo con el mayor análisis posible y que cambiará de manera significativa la manera en la que se realizaban las compras públicas, las cuales se prestaban para “preferencialismos” y actos de corrupción.