La Cámara de Diputados exhortó a las legislaturas locales a aprobar el Proyecto de Decreto que modifica el artículo décimo sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, respecto del nombramiento del Fiscal General de la República.
Al presentar el punto de acuerdo, considerado de urgente resolución y aprobado en votación económica, el diputado Marco Antonio Gama Basarte (PAN) señaló que se busca que a la brevedad los congresos discutan y aprueben la reforma, y culminar así el proceso legislativo que pone freno al pase automático del procurador general de la República a la fiscalía general de la República.
Recordó que esta Cámara logró derogar el artículo décimo sexto transitorio de la reforma constitucional de 2014 en materia político-electoral, cuyo proyecto de decreto fue ratificado por el Senado de la República y enviado a los congresos locales para su valoración, el pasado 14 de diciembre.
Sin embargo, aclaró, solamente el Congreso de Tamaulipas ha cumplido con su responsabilidad de enviar al Senado de la República su voto aprobatorio de dicha reforma. “México necesita fiscalías ajenas a todo capricho de quien esté gobernando al país y que apliquen la ley”.
Gama Basarte mencionó que, junto con la sociedad civil organizada, se evitó que México tuviera “un fiscal general carnal del PRI”. Para ser más precisos, la reforma aprobada impidió que el entonces procurador general, Raúl Cervantes, se convirtiera en “fiscal a modo del gobierno federal”.
En los posicionamientos, el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco (PES) expresó que ese cambio a la norma fue producto de un proceso legislativo en el que intervino la mayoría de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión e hizo un reconocimiento a la labor realizada por las organizaciones de la sociedad civil que incidieron para que la clase política pusiera atención al descontento de los ciudadanos que generaba un nombramiento de esta índole.
Indicó que los congresos locales deben responder a los reclamamos de la sociedad de hace mucho tiempo, para que la justicia en este país sea una realidad. “Los mejores mexicanos no requieren más funcionarios comprometidos con políticos, con partidos o con grupos de interés, sino personas capaces para ocupar, con responsabilidad y eficacia, los cargos públicos a los que tienen designados”.
Melissa Torres Sandoval, diputada de NA, mencionó que la sociedad civil fue determinante para lograr eliminar el llamado pase automático del procurador general de la República al cargo de Fiscal General, y las reformas tienen que cumplir con un proceso y ser aprobadas, a su vez, por la mayoría de los Congresos de las entidades federativas.
“Nos unimos a este exhorto, a fin de que las legislaturas discutan y, en su caso, aprueben a la brevedad, el proyecto de decreto. Estamos comprometidos a fortalecer a las instituciones y reestablecer su credibilidad. Es imperativo garantizar que quien encabece los esfuerzos de la procuración de justicia en el país cumpla con los requisitos de probidad y total independencia”, abundó.
La diputada Dalia María Rocha Ladrón de Guevara (MC) señaló que para consumar la defensa de la autonomía de la naciente Fiscalía General de la República, es necesario que las legislaturas de las entidades deliberen y aprueben a la brevedad el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo décimo sexto transitorio.
En este sentido, expuso, “los diputados ciudadanos hacemos un llamado a las legislaturas estatales para que aprueben, de manera expedita, la reforma constitucional”.
Por el PVEM, el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez hizo votos para que los congresos locales emitan su determinación y puedan aprobar las modificaciones legales necesarias, para que “en ninguna entidad federativa de México subsistan vacíos legales que impidan que la procuración de justicia esté en mejores manos para las y los mexicanos”.
Consideró fundamental que la Cámara de Diputados apruebe la iniciativa que tiene como finalidad modificar los diferentes procedimientos locales para generar mayor certeza y transparencia en la forma de designación de los titulares del órgano encargado de la procuración de justicia en cada uno de los estados del país.
Sergio René Cancino Barffuson, diputado de Morena, argumentó que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública reporta que en 2012 únicamente en el 7.9 por ciento de los delitos se inició una investigación, y de 2010 a 2012, en términos de tasas de incidencia delictiva a nivel nacional, se registraron 20 mil 220 delitos por cada 100 mil habitantes.
Subrayó que para reducir estas cifras negras es imprescindible mejorar los mecanismos de denuncia y fortalecer la confianza de los ciudadanos en los ministerios públicos; de ahí que resulte inaplazable tomar acciones orientadas a restaurar la confianza ciudadana en las instancias responsables de la procuración de justicia.
Del PRD, el diputado Arturo Bravo Guadarrama señaló que con el artículo transitorio “se pretendía nombrar a un fiscal a modo y, en los hechos, uno carnal que impidiera a cualquier costo la posibilidad de que se abrieran investigaciones imparciales de los casos de corrupción y tráfico de influencias, pero se logró su derogación; sin embargo, por tratarse de una reforma constitucional, se hace necesario que esta minuta sea aprobada por la mayoría de los congresos locales”.
Es necesario que éstos en las entidades del país aprueben, a la brevedad, este decreto, para que “podamos avanzar en el diseño de una Fiscalía General de la República verdaderamente autónoma e imparcial, ya que es uno de los temas que en esta Legislatura no se puede dejar pendiente, mucho menos como un legado negativo para la próxima”, añadió.
El diputado Benjamín Medrano Quezada (PRI) mencionó que una justicia democrática exige una Fiscalía General de la República autónoma e imparcial; por eso, dijo, “se respalda cualquier decisión cuyo propósito sea potenciar la impartición de la justicia y la procuración en el país, pues sólo así se podrá seguir la ruta de un México próspero, justo y en paz”.
Agregó que este acuerdo ayudará a que los 32 congresos aprueben la eliminación del pase automático de procurador a fiscal de la República, ya que esta figura es vanguardista y representa un avance para contribuir a consolidar la procuración de justicia en el país.
