Un reportaje del diario The New York Times firmado por Max Fisher, Amanda Taub y Dalia Martínez, y publicado en el diario Reforma, relata el recorrido que realizaron por tres localidades de nuestro país: Monterrey, Tancítaro y Nezahualcóyotl.
Estas ciudades y pueblos tienen un elemento en común: se están separando del orden gubernamental para financiar su propia forma de protección.
En Tancítaro, Michoacán, donde las guardias comunitarias se formaron para expulsar a miembros de un cártel, ese mismo esquema de protección funciona hoy, sin embargo, como la organización criminal que querían desterrar.
Los habitantes de esa localidad veían a sus autoridades y Policía como cómplices de sus opresores, que actuaban a través del secuestro y la extorsión.
Ahora, los grupos de autodefensa operan como agentes y son los encargados de salvaguardar la producción de aguacate, la principal actividad productiva.
Dos de los líderes de estas guardias ciudadanas declaran a The New York Times que en su comunidad las líneas de autoridad se habían borrado y por ello querían desarrollar instituciones reales.
Sin embargo, la línea de mando de estos grupos de autodefensa es quien decide las penas y castigos a quienes infringen la convivencia en el lugar.
En Tancítaro, gobierna un alcalde que fue electo por decisión unánime de los partidos políticos.
Este funcionario depende, según los estudios de Falko Ernst y Romain Le Cour Grandmaison, de las decisiones de los dueños de las granjas aguacateras.
Las determinaciones en Tancítaro se toman en la plaza pública.
No hay oportunidad de disentir ni de apelar lo que se decide.
Si algún miembro de una familia es expulsado de la comunidad, sus familiares poco tienen que hacer para impedirlo.
En síntesis, en ese municipio michoacano el Estado no está presente.
En Monterrey, la capital de industrial del estado de Nuevo León, fue la élite económica la que tomó el control de las instituciones.
Lo que era un acuerdo entre empresarios y autoridades se comenzó a colapsar, según el NYT, por el regreso del crimen.
Y todo comenzó cuando los dueños o socios de las corporaciones más importantes de esa ciudad industrial fueron víctimas del crimen organizado.
Luego de intentos de secuestros que derivaron en muertes de los escoltas de los hijos de los magnates, se diseñó desde la iniciativa privada el “Grupo de los 10”, un plan que financió y evaluó a las Policías para evitar los secuestros.
A invitación del gobernador del estado, los dirigentes empresariales a través de los directores generales de sus empresas supervisarían las funciones de la Policía.
Para ello, elevaron salarios, capacitaron elementos, les dieron vivienda y mejoraron el nivel de vida de los oficiales.
Algo que dejó ver esta reforma a las fuerzas estatales de seguridad es que la violencia es solo un síntoma, pues la verdadera enfermedad está en el gobierno: burocracia y corrupción.
Este esfuerzo se perdió cuando un nuevo gobierno llegó en 2015.
Sin fortalecer las reformas y nombrando a amigos en puestos clave de la seguridad pública, el crimen regresó.
Jorge Tello, extitular de la Agencia Nacional de Inteligencia, dice que “las cosas mejoraron, la gente se sintió cómoda y luego destruyeron todo”.
Agrega que las instituciones débiles de México permiten hacer que un arreglo local esté sujeto a los caprichos de los dirigentes políticos.
La tercera demarcación visitada por NYT fue Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México.
Ahí, según John Bailey, catedrático de la Universidad de Georgetown, “no esperas ver una luz brillante”.
Colindante con la capital mexicana, la Ciudad de México, Neza era conocida por la corrupción de su Policía y la violencia de sus pandillas.
A diferencia de Tancítaro o Monterrey, no hay autodefensas ni una élite empresarial que quiera apoderarse o ganar el poder.
Lo que hay es una Policía comandada por un exacadémico.
Jorge Amador, jefe de la policía de Neza, explica que su modelo es contrario al de Monterrey:
En lugar de establecer una fuerza policial independiente y cooptar al sistema político, se estableció un sistema político que cooptó a la Policía.
Además, Amador despidió a dos de cada ocho agentes, cambió a todos los mandos y quienes permanecen en la fuerza están bajo escrutinio constante.
Una de las estrategias es darle identidad comunitaria a la Policía, es decir, que los ciudadanos conozcan a los elementos policiales por su nombre, al menos en la zona en la que operan.
El riesgo es que, si el crimen sigue creciendo en las colindancias del municipio (Iztapalapa y Gustavo A. Madero, que son parte de la Ciudad de México; La Paz, Chicoloapan, Chimalhuacán, Valle de Chalco Solidaridad, Ecatepec, Ixtapaluca y Chalco, en El Estado de México), o cambia el partido que ha gobernado los últimos años el municipio, todo se puede ir por la borda.
La falta de una estructura institucional en materia de seguridad hace que Tancítaro, Monterrey o Neza enfrenten el problema de la seguridad pública de diferentes maneras, debido a que el Estado no tiene la fortaleza que le dé confianza a la ciudadanía de que hay instituciones que los protejan.
Con información de Reforma
