El Gobierno israelí se ha propuesto deportar a unos 38 mil migrantes africanos irregulares, la gran mayoría oriundos de Eritrea y Sudán, en un plazo de tres meses. Los afectados se ven a partir de ahora en un trágico dilema: o se marchan “voluntariamente”, en cuyo caso recibirán 3.500 dólares (2.600 euros) y un billete de avión hacia otro continente, o serán encarcelados el próximo abril por tiempo indefinido y serán considerados “infiltrados” ilegales. El Gobierno de Benjamin Netanyahu pagará a los países receptores —previsiblemente Ruanda— 4.156 euros por cada migrante al que den acogida, según adelantó en noviembre el diario israelí Haaretz.
“Defender las fronteras es un derecho soberano de Israel”, ha justificado este miércoles en la Knesset (Parlamento) el primer ministro del país. Para Netanyahu, estos extranjeros están considerados como migrantes económicos —no refugiados—, algo que contradice las leyes internacionales, según la ONU y varias organizaciones de derechos humanos. En total, los contribuyentes del Estado hebreo tendrán que desembolsar 332 millones de euros con el fin de “eludir el peligro [que representan] de desvirtuar el carácter judío de Israel”, según la coalición derechista en el Ejecutivo.
Gran parte de los inmigrantes africanos irregulares vive en cuchitriles y en miserables condiciones de vida. Además, sufren constantes improperios racistas por parte de la población israelí de las capas socioeconómicas más humildes del sur de Tel Aviv. Los que menos discriminación sufren son grupos concretos, como los 120.000 inmigrantes judíos de Etiopía. Los inmigrantes subsaharianos también tienen que hacer frente al acecho de la policía dado que, en términos legales, son habitantes clandestinos.
1.420 de los 38.000 africanos irregulares en busca de trabajo y una mejor vida en el país mediterráneo, permanecen recluidos en dos centros de detención israelíes entre los que se encuentra la prisión abierta de Holot, ubicada en el desierto del Negev. De esta forma, los migrantes no pueden acceder a la ciudad costera de Tel Aviv, donde se ganan la vida como mano de obra barata en restaurantes, bares y en la industria de la construcción.
A pesar de que Israel, miembro de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) con un nivel de vida similar al de los países de Europa occidental, tiene sólo un 4% de desempleo, ha sido desde hace años un polo de atracción para decenas de miles de habitantes del continente africano. Estos inmigrantes que llegan a Israel intentan evitar cruzar el mar Mediterráneo, donde 3.116 personas perdieron la vida en 2017, según la Organización Mundial para las Migraciones (OIM). Una buena parte de ellos llegó a Israel a través de Egipto entre 2007 y 2012, atravesando una frontera de 250 kilómetros y la peligrosa península del Sinaí, donde en la actualidad opera la rama egipcia del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés), Wilayat Sina, y que linda con la Franja de Gaza por el paso de Rafah.
Estricta política migratoria
El flujo de migrantes irregulares se detuvo casi por completo después de que el Gobierno israelí reforzara en 2013 la valla fronteriza con Egipto. Muy pocos de los inmigrantes que llegaron a Israel entre 2007 y 2012 obtuvieron el estatuto de refugiado. De hecho, Israel ha otorgado el asilo a menos del 1% de los que lo han solicitado, según Reuters.
La política migratoria de Israel se rige por la Ley del retorno de 1950 por la que se garantiza la ciudadanía automática israelí sólo a los judíos de todo el mundo. Los extranjeros que no profesan el judaísmo y que residen legalmente en el país (200.000 de los 8,9 millones de habitantes) deben someterse a un camino de trámites burocráticos que lleva unos cinco años completar.
Fuente elpais.com
