Fue durante el año 2012 cuando se entregaron armas de fuego a los agentes de vialidad luego de que se registrara la matanza de tres tránsitos en la capital en menos de un año; una de estas víctimas del crimen organizado fue precisamente el entonces subdelegado de la Dirección de Vialidad, Manuel Gándara Orozco.
Cinco años más tarde, Verónica Villalobos, comandante del departamento de tránsito, es asesinada en cumplimiento de su deber en una balacera ocurrida en los bares Los Santos y Balconcito de la cual resultó además el fallecimiento de tres civiles y varias personas lesionadas.
Nuevamente, los policías viales se verían equipados con un nuevo y más poderoso armamento y además, se les exigió el uso de chaleco antibalas; las armas largas fueron inmediatamente puestas a disposición del departamento y sus agentes, pero un error fatal sucedido la tarde del 7 de julio dejaría una sociedad desconcertada y una pérdida más en la corporación:
Mientras se llevaba a cabo prácticas en el campo de tiro del Complejo Estatal de Seguridad, y siendo asesorados e instruidos en el uso de sus nuevas armas largas, Jensy Núñez perdió la vida a causa de un disparo recibido en la cabeza mientras uno de sus compañeros disparó accidentalmente su rifle.
El manejo de armas de fuego en manos inexpertas es un tema delicado que debe tratarse con seriedad y, el uso y otorgamiento de estas a personal no calificado o sin el debido entrenamiento, es un asunto incluso más serio.
Si bien es cierto, era necesario para los policías viales que tuvieran en sus manos la capacidad de defenderse en caso de emboscada o ataques directos que pusieran en riesgo sus vidas o las de la ciudadanía, pero también es cierto que poner esta responsabilidad en manos de aquellos a quienes no pertenece, es simplemente un error. Es decir; el trabajo del ejercito de una nación es principalmente defender las fronteras del país de invasiones extranjeras o, en dado caso, conquistar nuevos territorios y hacer crecer los límites fronterizos de dicho país; el agente federal, cuidará del orden y verá que se obedezca la ley dentro de los limites de las fronteras que el ejercito resguarda; el policía estatal, hará lo mismo facilitando el trabajo federal y sirviendo como refuerzo a la policía municipal, quien se encargará a su vez, de mantener la ley, el orden, proteger y servir a los ciudadanos de cada municipio; hasta aquí todo claro, y nada que ignoremos; pero es aquí en donde llega la controversia:
¿Por qué debe el policía de vialidad, cuyo trabajo es vigilar el cumplimiento de la LEY DE TRÁNSITO, combatir criminales? simple, porque el trabajo militar, el trabajo federal, el estatal y municipal, son deficientes…
Sí, así es, la violencia contra agentes de tránsito, las muertes de estos oficiales en cumplimiento NO de SU DEBER, sino de su obligación moral de interferir por los que no pueden defenderse por si mismos, es derivada de un trabajo de filtración mal estructurado desde la cima.
Los asesinatos de agentes viales, de civiles inocentes, los enfrentamientos entre bandas del crimen organizado y la GUERRILLA mexicana, es consecuencia de un pésimo trabajo de inteligencia del Supremo Comandante y pone en evidencia la podredumbre de un sistema corrupto y convenenciero.
Entregar armas a los agentes de tránsito no es la respuesta y tampoco es esta la solución a los problemas de violencia en las calles; eso nos corresponde a cada ciudadano dispuesto a generar un cambio, para que el próximo Presidente de la república, el próximo Diputado Federal, el siguiente Gobernador y el nuevo Presidente Municipal, se encarguen realmente de cumplir con su trabajo, y no sea necesario armar también más tarde a la ciudadanía, para que haga el trabajo de los policías.
