Ciudad de México.- El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) reportó como “no localizados” 17 mil 355 bienes muebles del máximo órgano electoral del país y que tienen un costo de 126 millones de pesos en su inventario.
En el “Informe anual de gestión 2019” que envió a la Cámara de Diputados, el Órgano Interno de Control también reportó la “no localización” de 116 vehículos, los cuales representan un monto de 6.2 millones de pesos.
En este documento, que se turnó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, el Órgano Interno de Control explicó que los 17 mil 355 bienes muebles del INE no localizados son: equipo de cómputo, mobiliario y enseres de oficina, instrumental médico y de laboratorio, aparatos de telecomunicaciones, plantas de energía eléctrica, cámaras fotográficas y de video, entre otros.
No están localizados 17 mil 355 bienes muebles del instituto, tales como: equipo de cómputo, mobiliario y equipo de oficina, equipo médico y de laboratorio, equipo de telecomunicaciones, plantas de energía eléctrica, cámaras fotográficas y video, entre otros, con un costo registrado en el inventario de bienes institucionales de 126.1 millones de pesos, lo cual fue confirmado por la propia área auditada, con cifras al 30 de septiembre de 2019″, describe el informe en la página 52.
Sobre esto, EL UNIVERSAL consultó al INE y respondió que esta auditoría de Gestión Financiera, la cual no se encuentra concluida, explicó: “Los 17 mil 355 bienes que refiere el OIC se encuentran identificados, no obstante, mal clasificados. La información ya ha sido actualizada”, y describió que hay 3 mil 123 bienes en baja definitiva, 271 localizados en almacén, 291 son enajenaciones anteriores pendientes de baja, 5 mil 479 pertenecen al Reporte global de la JLE, 7 mil 719 son Cargas iniciales de la transición IFE-INE y 471 fueron localizados en las oficinas centrales.
Vehículos. Cabe recordar que el pasado mes de septiembre, EL UNIVERSAL dio a conocer que en el informe previo de gestión del primer semestre de 2019, el Órgano Interno de Control reportó como no localizados 320 vehículos del INE y este jueves se notificó que solamente se encontraron 204 y aún falta por acreditar la localización o existencia de 116 vehículos.
“Los 116 vehículos no localizados representan un monto aproximado de 6.2 millones de pesos, conforme al valor de mercado promedio que tendrían vehículos de la misma marca y modelo”, describe el informe en la página 41.
Sobre esto, el INE explicó que respecto a los 117 vehículos informados por la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), no así los 116 vehículos que señaló el OIC, explicaron que 82 vehículos ya estaban dados de baja definitivamente en 2013 en el Sistema Integrador para la Administración de Recursos de Juntas Ejecutivas y Juntas Distritales (SIAR) y se dieron de alta en el Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGA) cuando se migró la información; “sin embargo, no se cuenta con la documentación soporte que permita generar la baja actualmente”.
Además, 31 vehículos que se encuentran en el apartado “Robsin” (robo siniestro) en el SIAR, así como en el SIGA; sin embargo, no se cuenta con documentación relacionada a esos vehículos, por lo que se realizaron diversas consultas a las unidades responsables para que proporcionen la documentación con que se habían dado de baja. Además, cuatro vehículos aparecen como siniestrados en el SIGA (1998-2003); sin embargo, “la información con que se cuenta resulta insuficiente para generar la baja”.
El INE explicó que las 18 auditorías de este informe anual se encuentran en la etapa de seguimiento, es decir, “son auditorías que aún no están concluidas, por lo que, cómo lo refiere el propio informe, las observaciones reseñadas tienen un carácter preliminar y de ninguna forma significan una irregularidad manifiesta o comprobada, y mucho menos responsabilidad de algún servidor público”.
Recordó que como ocurrió con 11 auditorías que fueron reportadas en el primer informe de gestión del OIC, correspondiente al primer semestre de 2019, de un total de 126 acciones emitidas inicialmente 81.7%, que equivale a 103, fueron atendidas satisfactoriamente.
Conclusiones. El OIC también informó que, de manera oportuna, hizo propuestas y sugerencias al Anteproyecto de presupuesto del 2020 del INE, y una de las conclusiones más importantes que envió fue que se podía reducir significativamente el monto presupuestado, hasta en mil 200 millones 300 mil pesos.
Además, también recomendó implementar mecanismos de supervisión en todo el proceso de planeación y requerimientos de recursos que se integran al anteproyecto de presupuesto, para “disminuir la sobreestimación de recursos en los diferentes capítulos de gasto”.
La propuesta del OIC de iniciar una presupuestación con la modalidad de presupuesto base cero, ya aprobada por el Consejo General, apunta a realizar una presupuestación acorde a las necesidades reales de la institución y a las políticas de austeridad plasmadas en nuevas leyes”, detalla.
Compras de fin de año. El órgano que encabeza, Jesús George Zamora, observó que durante 2019 el INE mantuvo la tendencia de generar recursos disponibles; lo anterior, pese al recorte presupuestal determinado por la Cámara de Diputados por un monto de 950 millones de pesos, situación que retrata que de manera sistémica en los ejercicios presupuestales de 2017 al 2019 se generaron remanentes reales que van de 557.9 hasta 765.7 millones de pesos, acompañado de un ejercicio de recursos atípico, desproporcionado y no planeado en la recta final de cada ejercicio (compras de fin de año).
Observaciones. En el rubro de análisis de Robos y Siniestros de Bienes Propiedad del INE, el OIC determinó que en 2019 se inició con la tramitación de 69 casos, recibiéndose durante el ejercicio 18 asuntos más, lo que da un total de 87 asuntos, de los cuales 55 fueron robos y 32 siniestros.
“De estos 87 asuntos tramitados durante el período que se informa, en 15 casos se determinó que no existían elementos que hicieran presumir conductas que pudiesen configurar responsabilidad administrativa en contra de personas servidoras públicas del instituto, además de que en estos casos el instituto fue indemnizado por el propio servidor público involucrado o por la empresa aseguradora en su caso.
“De acuerdo con lo anterior, al término del año quedan 72 expedientes en trámite relacionados con robos y siniestros de bienes del instituto”.
Con información de El Imparcial
