CIUDAD DE MÉXICO.- La desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa muestra las “gravísimas consecuencias” y “a qué extremos se puede llegar” por el vínculo de complicidad entre “agentes del Estado y el crimen organizado”, advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un informe sobre corrupción en América.
Un informe sobre la corrupción en América, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el martes pasado advirtió que la desaparición, en septiembre de 2014, de los 43 normalistas de Ayotzinapa mostró las “gravísimas consecuencias” y “a qué extremos se puede llegar” por el vínculo de complicidad entre “agentes del Estado y el crimen organizado”.
El narcotráfico “genera una situación de violencia y corrupción que puede alcanzar niveles intolerables y que amenaza con destruir el tejido social, político y económico de un país, sea por la violencia que éste ejerce contra sus agentes o por la corrupción que instala en organismos policiales”, precisó el informe denominado Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos.
El estudio, del que EL UNIVERSAL tiene copia, destacó “como una buena práctica” la creación del Sistema Nacional Anticorrupción de México, para “establecer, articular y evaluar” una política de coordinación entre las autoridades de “todos los órdenes de gobierno, así como en la fiscalización y control de recursos públicos”.
El sistema, creado en 2016, fue señalado como un ejemplo regional de que “la intersectorialidad e integralidad de las políticas públicas implica la necesidad de coordinación, tanto horizontal como vertical, a fin de evitar la duplicidad de funciones o programas, y garantizar la suma de esfuerzos entre dependencias y órdenes de gobierno.
“Fenómenos como la corrupción requieren ser abordados a través de acciones integradas y efectivas. La implementación de planes integrales permite fijar objetivos, plazos y responsables para avanzar en las medidas anticorrupción de forma transparente y con participación ciudadana”, agregó, al mencionar la experiencia con el sistema.
También señaló el surgimiento, en marzo de 2019, de una fiscalía especializada en corrupción en la FGR.
En otro apartado en el que se refirió a México, indicó que “en los últimos tiempos” los Estados mostraron un “creciente interés en incrementar su capacidad de vigilancia de las actividades que se desarrollan en internet. Esto representa riesgos para la privacidad de la ciudadanía y para la protección de la reserva de las fuentes periodísticas.
“La CIDH ha llamado la atención sobre el caso de México, donde se denunció que el gobierno del país y varios gobiernos de entidades federativas hicieron compra o uso de software para monitoreo de personas a través de teléfonos celulares”, aseveró.
“El programa espía denominado Pegasus, producido por NSO Group, con sede en Israel, fue utilizado en México para infectar los teléfonos y dispositivos de periodistas, defensores de derechos humanos, abogados, expertos en salud pública y lucha contra la corrupción e incluso a integrantes del organismo internacional establecido para investigar la desaparición masiva de estudiantes en Iguala en 2014”, describió.
Con información de El Imparcial
