Es fundamental crear una ley para la adopción de tecnologías en el sector público, pues “México no es aún el país vanguardista en que debe transformarse; arrastramos rezagos considerables que no han permitido hacer de la tecnología y la innovación instrumentos de desarrollo progresivo y sostenible que nos fortalezcan en lo económico y en lo social”, afirmó la diputada Rocío Barrera Badillo (Morena).
Durante el foro “Nuevas tecnologías y su efecto en el gobierno y en la población, la legisladora, quien es presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, afirmó que se requieren estructuras legales flexibles que se adapten a la rapidez de evolución de las tecnologías y garantizar el ejercicio de los derechos surgidos de la era tecnológica con infraestructura pública que incida en la disminución de la brecha digital.
Indicó que la ley no puede rezagarse ante una sociedad en constante evolución, por lo que se deben identificar áreas de mejora para procurar el máximo beneficio social y aprovechar óptimamente los recursos humanos, financieros y materiales de cada institución.
“Marginarnos de los avances tecnológicos implica un rezago, por lo que es necesario incorporar como política de Estado las tecnologías que permitan transformar la información en recursos, potenciando nuestra economía”. Destacó que debe procurarse su universalidad, pues esos adelantos no han sido accesibles al grueso de la población, lo que agrava diferencias sociales.
Precisó que esa ley requiere asegurar que el ciudadano ejerza con facilidad sus derechos; que los servicios públicos garanticen beneficios inmediatos; identificar áreas más evidentes y que estén enfocados principalmente a generar economías presupuestarias; ampliar la oferta de servicios públicos y realizar acciones de simplificación de trámites.
Lo que se podría esperar de esta ley de adopción de tecnologías, abundó, en cumplimiento de la obligación del Estado, es ofrecer mayor seguridad en entornos digitales e incorporar permanentemente mejores prácticas en el ejercicio de la función pública.
Añadió que los mecanismos de adopción de nuevas tecnologías deben incorporar controles de transparencia y rendición de cuentas para evitar el desvío de recursos u otras pérdidas reprochables. Se pronunció por dotar a las instituciones públicas de herramientas con el objetivo de realizar actividades en entornos virtuales con certeza jurídica a su actuar y un constante combate a la corrupción.
Propuso un órgano público para la adopción de tecnologías, crear direcciones generales de tecnología e información en cada institución; un Consejo Consultivo integrado por especialistas de los sectores público y privado. Además, que un fideicomiso público asegure los capitales de inversión y que pueda ser autosustentable mediante un porcentaje marginal de los ahorros que se generen.
Aseguró que la incorporación de nuevas tecnologías en el gobierno es una inversión muy rentable y permitirá ahorros, combatir la corrupción, fortalecer la transparencia, hacer trazable el ejercicio de facultades y funciones y simplificar la relación con la ciudadanía.
Se refirió a la preservación de la identidad, que requiere el reconocimiento y protección de la personalidad en entornos digitales; la evaluación de resultados, que mientras no se contraste de manera estricta y metódica el costo de inversión con los beneficios o ahorros, se tiene el riesgo de caer en falsos debates. Además, afirmó, la implementación de esquemas de encriptación, como las blockchain, son más seguras, auditables y transparentes.
