CDMX.- Al inaugurar el simposium “Acceso universal de medicamentos de alta calidad y bajo costo en México”, el diputado Reginaldo Sandoval Flores, dijo que es necesario liberar las patentes que ya concluyeron sus derechos para garantizar a la población el acceso a medicamentos esenciales.
Para ello, se requiere revisar su otorgamiento a los laboratorios, que están a cargo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en materia de patentes.
Aseguró que la producción de medicamentos está en declive, por ello es importante la participación de investigadores e institutos nacionales de salud, para desarrollar productos en México con precios accesibles y dejar de transferir recursos económicos por su compra en el extranjero.
Afirmó que un gran sector de la población no tiene empleo formal y tampoco servicios de salud como IMSS e ISSSTE, por lo que recurren a consultas privadas y medicinas caras en donde invierten la totalidad de su salario.
El coordinador del PT afirmó que existe el compromiso de tomar las propuestas del simposium para reformar el andamiaje jurídico, a fin de otorgar el derecho humano a la salud.
Refirió que a pesar de que la Constitución garantiza el derecho a la salud y que el Poder Legislativo dota al Ejecutivo de los instrumentos normativos para acceder a los sistemas de salud, este aún es insuficiente. “El derecho humano a la salud es fundamental, ningún país, ninguna sociedad puede avanzar si no tiene un pueblo sano”.
El diputado secretario de la Comisión de Salud, Francisco Favela Peñuñuri (PT) mostró su preocupación por que México no avanza en el sistema de salud y acceso a medicamentos. “Sabemos que en los centros de salud y hospitales no hay paracetamol. Existe un grave problema de escasez”.
Es indispensable generar las condiciones para que la población cuente con servicios de atención hospitalaria y medicinas. “Lo que queremos son resultados y que los recursos para el sector fluyan”.
Dijo que se debe garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud como eje principal para crear, reformar o derogar disposiciones jurídicas, a fin de acceder a insumos y tratamientos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.
