CDMX.- El Pleno del Senado aprobó por 112 votos un dictamen que busca garantizar mayor protección a niñas, niños y adolescentes que se encuentran en desamparo familiar, particularmente aquellos en situación de abandono, exposición o institucionalización.
La reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes precisa que los menores de edad representan la población más vulnerable de la sociedad, por lo que el Congreso debe realizar un trabajo de permanente revisión al contexto social para su protección.
Se subraya que, según datos del Centro de Estudios de Adopción, en 2015 el número de niñas y niños sin cuidados familiares en el país rondaba los 30 mil 368 menores.
Por tal motivo, la reforma plantea que los diversos órdenes de gobierno establezcan políticas para que este sector de la población permanezca en un entorno familiar y sean atendidos a través de medidas especiales de protección.
Entre las medidas se establece que las niñas, niños y adolescentes en situación de desamparo familiar sean reintegrados con su familia, siempre y cuando, mediante una investigación previa de su origen, ello no les represente un riesgo.
En su defecto, la reforma establece que se incorporarían a una familia mediante un trámite de adopción rápido, seguro, eficaz y transparente. Para eso, se plantea la homologación de los requisitos y procedimientos administrativos.
Aunado a ello, se establece que la autoridad competente emitiría su opinión para la expedición del certificado de idoneidad de la adopción en un plazo máximo de 45 días naturales.
El dictamen señala que es necesario adecuar el sistema jurídico conforme a las necesidades que vaya presentando la sociedad. Las niñas, niños y adolescentes necesita protección y cuidados especiales, particularmente quienes viven en condiciones excepcionalmente difíciles.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Josefina Vázquez Mota, dijo que el dictamen busca extender la protección especial que el Estado brinda a la niñez, para aquellos infantes que se encuentran en desamparo o situación de abandono.
Es necesario, indicó, aprobar un procedimiento que permita que el trámite de adopción sea rápido, eficaz y transparente, que homologue los requisitos y establezca parámetros mínimos. De lo contrario, para el 2040 vamos a llegar a una población mayor a 33 mil infantes viviendo en casas hogar.
A su vez, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Manuel Añorve Baños, expresó que la reforma está encaminada a fortalecer el marco jurídico vigente y ampliar el espectro de protección de la niñez en adopción.
El Estado, indicó, debe legislar y ejecutar una política integral que este a la altura de lo que la niñez necesita. “Sólo son prósperas las naciones que reconocen como prioridad fundamental a su infancia, donde las niñas, niños y jóvenes gozan por completo de sus derechos”.
En su oportunidad, la senadora del PVEM, Gabriela Benavides Cobos, manifestó que desde el Senado se está trabajando para establecer una legislación que proteja y ayude en su desarrollo personal a la niñez del país.
Desde la infancia se requiere igualdad, no discriminación. Tener una vida libre de violencia y respeto al principio pro persona. El Estado debe otorgar todos los elementos que permitan la plenitud individual de las niñas, niños y adolescentes, subrayó.
El dictamen fue enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Posteriormente, el Senado aprobó con 109 votos, incorporar el derecho a la alimentación a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que tengan una alimentación adecuada, que considere los recursos y las prácticas alimentarias de su entorno cultural. Además, para que reciba educación nutricional apropiada.
Se establece expresamente el derecho de niñas, niños y adolescentes a la alimentación, de manera enunciativa más no limitativa, así como los mecanismos a través de los cuales las autoridades lo garantizarán.
Por ello, se establece que quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o custodia de niñas, niños y adolescentes estén obligados a garantizar este derecho, así como a fomentar la alimentación saludable en este sector de la sociedad.
Las autoridades –federales, estatales, municipales y de las demarcaciones de la CDMX- se coordinarán y coadyuvarán para el cumplimiento de los objetivos de la Ley, y en el ámbito de su competencia ejecutarán las políticas públicas que garanticen a niñas, niños y adolescentes el derecho a la alimentación.
El senador Raúl Paz Alonzo, del PAN, precisó que con esta modificación se contribuye a que los niños tengan la mayor protección posible desde los ojos de la ley. Debe acompañarse, precisó, del esfuerzo de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para sumar políticas públicas que vuelvan realidad el derecho a una alimentación sana y suficiente.
El dictamen que adiciona una fracción XXI al artículo 13, y un Capítulo Vigésimo Primero al Título Segundo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, fue remitido a la Cámara de Diputados.
