En Latinoamérica, México es el país con menor índice de crecimiento en cuanto a librerías. La competencia desleal, la existencia de monopolios e intermediarios, ha llevado al cierre de más del 40 por ciento de pequeñas librerías a lo largo y ancho del país, señalaron ante legisladoras y legisladores de la Comisión de Cultura del Senado, diversos editores, quienes reconocieron en la Ley del Fomento a la Lectura un paso para establecer el juego limpio para beneficio del mercado de libros.
Lo anterior trascendió luego de la reunión de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, en la que fue aprobado un dictamen con proyecto de decreto para reformar y derogar algunas disposiciones a la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro, que busca igualar la oportunidad de venta entre libros impresos y electrónicos mediante el precio único.
En la actualidad, México es el principal lector de Iberoamérica, pero con una industria incipiente. España controla el 10 por ciento de la industria editorial y dominan el mercado, expuso ante las y los legisladores, Marcelo Muñuzuri, directivo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM), quien enfatizó que más del 40 por ciento de las librerías “han reventado” por dichas prácticas.
En la reunión convocada por las citadas comisiones, los representantes de las diversas casas editoras del país se manifestaron por la ampliación del plazo de 18 a 36 meses en el denominado precio único (a partir de la fecha de impresión), tanto para publicaciones electrónicas como impresas, a fin de acercar a la lectura a los mexicanos. Consideraron que si hay igualdad en la venta (a bajo costo), habrá mayor incentivo para la lectura.
Cabe destacar que en el dictamen aprobado se enfatiza que la autoridad a la que correspondería hacer la vigilancia de la ley para que se respete el precio único, es la Procuraduría Federal del Consumidor, derivada de los términos de la Ley Federal de Competencia Económica.
En el encuentro, los representantes de las editoriales se manifestaron en contra de los monopolios comerciales que inflan precios y luego ofrecen falsas rebajas. Por ejemplo, citaron, un libro de Harry Potter que tiene un costo de 300 pesos, lo ofrecen hasta en 900, con un “descuento de 50 por ciento” para ofertarlo en 450 pesos. Eso es juego sucio y de ahí la necesidad de implementar un precio único, que cubra a todo el país.
Muñuzuri expuso que el precio único existía desde 1970. Sin embargo, el expresidente Vicente Fox vetó la ley pues apoyaba a consorcios como Amazon. Ello llevó al cierre de innumerables librerías, señaló y consideró que, de aprobarse el precio único, los lectores tendrán más puntos de encuentro con los libros.
“El fomento de la lectura inicia con una gran oferta de libros y eso no se puede dar con un sistema depredador”, insistió.
Luego, el directivo de la CANIEM detalló: “En el continente, tenemos el peor índice de habitantes por librería. Se estima que hay 250 mil habitantes por librería, cuando en Argentina el promedio, o la media, es de 30 o 40 mil habitantes por librería. Amén de que las nuestras son mucho más pequeñas que las argentinas. Es decir, tenemos una situación de emergencia en cuanto acceso a los libros.
Han entidades que tienen sólo una o dos librerías, y ese índice se agrava en cuanto te alejas del centro del país”.
Sobre el “truene” de muchas librerías, el editor lo atribuye a un sistema de comercialización reprobado en todo el mundo, de grandes descuentos en unos lugares y cero en otros. Eso crea una concentración del mercado en un puñado de librerías. Queremos dejar sentadas las bases para que las librerías puedan competir en igualdad de circunstancias y puedan crecer. Está ley es solamente el principio, y preció a los legisladores de la citada comisión que se van muy contentos “porque nos escucharon”.
El dictamen respectivo –que fue turnado a la Comisión de Asuntos Legislativos– contempla la reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, propuesto por la senadora Susana Harp.
Su propósito, indicó la legisladora, es proteger a una industria fundamental como es la editorial mexicana y a la cadena asociada en la producción y comercialización del libro hasta llegar a manos de los lectores.
En su propuesta, la senadora Harp considera la ampliación del precio único de 18 a 36 meses, a fin de equilibrar el mercado, considerando que la relación de los costos entre los editores y los distribuidores se define a través de las condiciones de oportunidad, capacidad de distribución y la incidencia en el mercado.
Así, en votación unánime los integrantes de la comisión de cultura aprobaron el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga disposiciones a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, por el que se busca igualar la oportunidad de comercialización entre libros impresos y electrónicos, a través del precio único.
