El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas al artículo 155 de la Ley General de Víctimas, para establecer un plazo que permita efectuar la reparación integral y efectiva del daño, la cual deberá cubrirse de acuerdo con la resolución dictada por la Comisión Ejecutiva de Víctimas.
El dictamen, aprobado con 420 votos a favor y remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, precisa que la compensación debe efectuarse en un plazo no mayor a 120 días hábiles, contados a partir de la mencionada resolución.
Uno de los problemas recurrentes en el acceso a ese derecho es la falta de agilidad en los procedimientos. Las víctimas atraviesan por un proceso largo para ser reconocidas, por lo que es necesario establecer mecanismos para acceder a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y precisar un plazo máximo para el pago de la compensación.
Al fundamentar el documento, la presidenta de la Comisión de Justicia, diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN), señaló la necesidad de hacer que esta figura sea otorgada con mayor celeridad a las víctimas del delito, en la comprensión de que el retardo y la dilación de las instituciones del Estado para compensar a las víctimas les afecta nuevamente y, en algunos casos más graves, implican la revictimización de la persona.
Mencionó que a partir de una iniciativa se planteó establecer una temporalidad para mejorar la redacción que actualmente tiene la disposición relativa en la Ley General de Víctimas en cuanto a esta compensación.
“No se establece alguna temporalidad, pero se precisa sí una para que la Comisión Ejecutiva de Víctimas, a partir de la solicitud de esta compensación, emita una resolución, pero no así para establecer cuánto tiempo tiene la Comisión de Víctimas para otorgar la misma”.
Con esta reforma, se establece una indicación puntual a la Comisión Ejecutiva de Víctimas para que tenga el tiempo suficiente de hacer la entrega de la compensación a las víctimas del delito y no se genere dilación en el otorgamiento; es decir, “estamos poniendo un plazo máximo para que se genere”.
También se especifica la eliminación del criterio que establecía que las compensaciones fuesen otorgadas en moneda nacional. Las modificaciones, dijo, serán importantes en el anhelo de justicia de la sociedad y sobre todo de quienes hoy se han visto en la terrible posición de ser víctimas.
“Sabemos que tendremos que hacer mucho más para generar acciones contundentes para frenar la violencia, para evitar que el delito se cometa, pero también como Estado tenemos que estar preparados para la eventual comisión de delitos y, sobre todo, proveer las acciones materiales indispensables para apoyar a las víctimas”, añadió.
