Cambió entrega de recursos para estancias infantiles por corrupción en Sedesol: subsecretaria Ariadna Montiel

La subsecretaria de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, sostuvo ante diputados que el ajuste presupuestal para el Programa de Estancias Infantiles para madres Trabajadoras no es el motivo por el que se cambió la política de entrega de recursos, sino los “problemas de corrupción de los funcionarios de Sedesol, porque ellos definían a quiénes se les otorgaba el apoyo y no había proceso de focalización”.

En la reunión con las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, de Igualdad de Género, de Atención a Grupos Vulnerables, de Derechos de la Niñez y Adolescencia, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, la funcionaria aclaró lo que ustedes nos etiquetaron: dos mil 41 millones de pesos, no fue la determinante para ajustar la visión de este programa que desvió su sentido original.

Detalló que el Programa de Estancias Infantiles para madres Trabajadoras le otorgaba un impulso de 70 mil pesos a una persona para que hiciera las adaptaciones a su vivienda y pudiera operar como un centro de cuidado infantil, el cual a su vez recibía 950 pesos al mes por niño inscrito y el doble en caso de atender a menores con discapacidad.

“Es muy importante dejarlo en claro: la Secretaría de Bienestar no tiene las facultades de abrir o cerrar estancias; no son propiedad del gobierno y nunca lo han sido, éstas se abren, a través de un permiso en el ámbito de la autoridad local, dependiendo de la legislación de la entidad, el municipio o el estado quien otorga el permiso del establecimiento mercantil, en este caso, la estancia”.

Añadió que a pesar de que el programa de estancias infantiles estaba dirigido a las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras que no contaban con seguridad social y muchas de ellas laboraban en la informalidad o en alguna actividad que no les garantizaba esta prestación, una de cada tres beneficiarias, tenía ISSSTE o IMSS. Es decir, de las 310 mil madres de familia, 100 mil estaban afiliadas.

Además, expresó que las estancias llegaban a cobrar hasta 3 mil 550 pesos adicionales al subsidio. El monto promedio que pagaban los padres de familia era de 800 pesos. Pero tenemos registros de que mil 500 estancias recibían arriba de mil 800 y algunas cobraban mucho menos; por eso el promedio aproximado es de 800 pesos adicionales a los mil 950.

Explicó que la propuesta del gobierno federal es entregarle el recurso directamente a las madres y padres de familia, además, se brindará apoyo a los hombres solos que tengan a su cargo el cuidado de los hijos para que ejerzan el derecho a decidir a qué estancia, centro de cuidado o sistema deciden inscribir a los infantes.

Para ello, continuó, se realiza un censo de las madres y padres de familia. “Estamos preguntando también por niñas y niños, con autorización de tutores, para hacer un registro fotográfico de los beneficiarios, respetando todas las leyes. Toda esa información queda en resguardo, obviamente de la administración pública”.

Entonces, dijo, la transformación es sencilla y básica. Entregaremos los recursos directamente a las madres de familia, lo que permitirá ya no gastar en burocracia, generando un ahorro de 800 millones de pesos en supervisión.

Relató que la supervisión de las estancias infantiles se realizaba por funcionarios de la Sedesol, quienes no necesariamente estaban preparados en seguridad estructural y una serie de cosas que además no era de su competencia y los cuales nunca fueron suficientes para las 9 mil 542 áreas de cuidado infantil.

Apuntó que no todas las estancias tenían subsidio, pues de acuerdo con el registro nacional de estancias que maneja el DIF Nacional hay 13 mil 500 y 9 mil 500 tenían apoyo de Sedesol; es decir, hay cuatro mil estancias que funcionaban sin el programa.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Mario Delgado Carrillo, resaltó que la reunión con la subsecretaria busca debatir el tema de las estancias infantiles, que ha despertado el interés de muchos legisladores.

Resaltó que el gobierno federal tiene el compromiso de establecer diálogo franco con el Congreso. “Ya no es como el pasado que se evitaba a toda costa que hubiera contacto entre los funcionarios y los legisladores”.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Social, diputado Miguel Prado de los Santos, manifestó que los cambios suelen generar preguntas e inquietudes, por ello, esta reunión busca conocer razones y motivos de la estrategia que se determinó respecto del Programa de Estancias Infantiles para madres Trabajadoras.

Expuso que no es ningún secreto el tema del bienestar de niñas y niños de las madres trabajadoras; existe legítima preocupación, esto por los cambios del programa y la incertidumbre sobre si seguirán recibiendo a los beneficiarios de las estancias, de ahí la importancia de este encuentro.

La secretaria de la Comisión de Desarrollo Social, diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz (PVEM) señaló que han pasado los primeros meses de gobierno, pero la incertidumbre existe para las familias y las estancias infantiles, esto debido al recorte presupuestal y nuevos lineamientos de programas emitidos por la Secretaría de Bienestar.

Añadió que esto ha propiciado que estancias infantiles incrementen cuotas de recuperación para continuar su operación, por lo que algunas jefas de familias optaron por ya no llevar a sus niños, generando el cierre de varios centros infantiles. “Es un hecho que no se ha llevado a las familias a un mejor destino”.

La legisladora refirió que es fundamental conocer cuántas estancias infantiles han cerrado y si existe un estimado del número de niñas y niños que han dejado de acudir a estas instituciones.

La secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, Guadalupe Almaguer Pardo (PRD), indicó que si bien la dependencia asegura que con el nuevo esquema de apoyo los padres decidirán la institución donde permanecerán sus hijos, “cómo se garantizará que el Estado tenga la certeza de que las guarderías posean la calidad académica que les permita acreditar el preescolar”.

Indicó que es primordial que la Secretaría de Bienestar explique con qué fundamento legal se hizo el cambio de nombre del programa, se entreguen los avances de estudios físicos y financieros que dieron origen a la transformación de la estructura programática y cuáles serán los nuevos objetivos.

“Lo que deseamos es conocer qué anomalías encontraron que fueron tan graves como para cancelar un programa completo que tenía una asignación presupuestal de más dos mil millones de pesos”.

La también secretaria de la Comisión de Desarrollo Social, diputada Lourdes Celenia Contreras González (MC), consideró que la operación de las estancias infantiles es un tema delicado, porque los derechos de las niñas y niños no deben ser sujetos de debate, sobre todo cuando ya están en la Carta Magna.

“Estamos frente a un programa que sufrió un drástico recorte de casi 50 por ciento, con la justificación de que padecía una enorme corrupción, lo cual ha ocasionado una incertidumbre sobre su ejecución, pues afectará, principalmente, a las zonas de atención prioritaria, de extrema pobreza e indígenas”.

Detalló que la metodología del programa es muy poco clara y objetiva en cuanto a cómo se entregarán los recursos, ya que no se asegura que el presupuesto se destine para el fin que fue creado.

El secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Reginaldo Sandoval Flores (PT), enfatizó que el tema del cuidado de los infantes es muy sensible y lamentó que por mala comunicación se afecte la política pública. Propuso luchar para que el cien por ciento de la niñez tenga atención en educación inicial, desde los 45 días de nacido, en adelante, porque los infantes parecen no ser sujetos de derecho.

Dijo que se debe hacer un programa integral que atienda a las niñas y niños no sólo en su salud, sino en la estimulación temprana y considerar a los padres que no tienen la prestación de las estancias infantiles. “Necesitamos diseñar una política que abarque completamente el derecho de los infantes”.

Expresó que otro aspecto a considerar deberá ser revisar el presupuesto y conocer si los dos mil 41 millones de pesos le permitirán a la Secretaría de Bienestar salir adelante con el programa.

La secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, María del Carmen Cabrera Lagunas (PES) afirmó que la política pública y social de la Secretaría de Bienestar no es la correcta para las madres trabajadoras y la infancia, ya que los está dejando en estado de vulnerabilidad.

“México tiene el primer lugar de violación de menores, no podemos mandar a la calle y al cuidado de no sé quién a la niñez, sobre todo, con estas estadísticas tan graves, por lo que esta dependencia debe asegurar a las madres trabajadoras el cuidado de sus hijos”.

Apuntó que se habla de alta corrupción, pero “no se ha dado una solución de fondo de parte de la Secretaría; es su responsabilidad este tema, sólo están dando mejoralitos y no un tratamiento eficaz”.

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