Aprueban diputados armonizar Ley Federal de Responsabilidad Ambiental con últimas reformas en materia procesal penal

La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 457 votos a favor, el dictamen que reforma diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, a fin de tener plena relación con últimos cambios en materia procesal penal y evitar fallidas lecturas en el marco jurídico.

Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, el diputado Armando González Escoto (PES) mencionó que con esto habrá certeza jurídica. Agregó que un conflicto ambiental se podrá resolver mediante mecanismos alternativos de mediación, conciliación y los demás que sean adecuados para la solución pacífica de controversia.

Dijo que el dictamen que se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales, reforma los artículos 47, 49, 51, 52, 53 y 55 del citado ordenamiento, modifica la referencia del “Código Federal de Procedimientos Penales” por el de “Código Nacional de Procedimientos Penales” para dirimir los delitos ambientales por conductas delictivas.

Remite a la Ley Nacional de Mecanismos de solución de controversia en materia penal, el cual es competencia del artículo 49; por tanto, “se debe adecuar el texto para que se contemple la aplicación de la ley nacional de mecanismos de solución de controversia en materia penal.

El secretario de la Comisión, Armando González Escoto, subrayó que respecto de la Procuraduría General de la República, se cambió la denominación de esa instancia por el de Fiscalía General de la República, organismo constitucional autónomo que tendrá a su cargo investigación y persecución de delitos penales.

“Adecuar las normas para su debida armonización conlleva a la interpretación y aplicación de la normatividad y así cumplir con el principio de legalidad consagrado en el artículo 14 de la Constitución Federal que obliga que la legislación debe propiciar elementos idóneos que garanticen, en este caso, el acceso a los derechos humanos ambientales, principio que impone al legislador la obligación de emitir normas claras y precisas para su aplicación”, añadió.

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