En la última mesa de trabajo de las audiencias públicas sobre la reforma laboral, especialistas en la materia expusieron ante legisladores sus propuestas sobre cómo garantizar justicia en los conflictos obrero-patronales.
La diputada Anita Sánchez Castro (Morena) subrayó que el tripartismo laboral ya no está contemplado en la iniciativa, porque eso se prestaba a que las empresas contrataran mediante la figura del outsourcing; esta propuesta cambia el esquema, pero no se desprotege ni al empleado ni al patrón.
La legisladora afirmó que se respaldan los derechos de los empleados y se armonizan las leyes para garantizar la estabilidad en el empleo.
Por su parte, Eliel Morales Sosa, representante patronal del Consejo Coordinador Empresarial y Coparmex ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, resaltó que la construcción del nuevo modelo de justicia laboral permitirá fortalecer el Estado de derecho, acabar con la corrupción y dar una respuesta oportuna a los conflictos obrero-patronales; sin embargo, precisó se debe tener cuidado en realizar un adecuado proceso prejudicial, de lo contrario se podría caer en vicios de dilatación.
Añadió que también se requiere considerar una adecuada designación de los juzgadores, lo cual deberá ser mediante la profesionalización técnica de la materia, a fin de que garanticen la transparencia y la certeza de su labor, así como crear un centro de capacitación judicial-laboral, donde se actualice al personal.
César Maillar Canudas, presidente de la Comisión de Empleo y Productividad de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), celebró que este proyecto de reforma garantice que los sindicatos verdaderamente representen los derechos de los trabajadores y que la autoridad defienda a la inversión y a los empresarios. “Esperamos que esta administración meta la mano fuerte para evitar las huelgas y los paros ilegales”.
Pidió a los legisladores revisar el artículo 784, pues la propuesta actual no contempla que el 99 por ciento de las empresas del país, no tiene la capacidad de contratar a un buen despacho de abogados, en caso de un juicio laboral y pueden llegar a perder todo a consecuencia de un laudo, lo cual también afecta a otros trabajadores.
Sandra Maricela Flores Alonso, titular de la Unidad de Transparencia del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados, destacó que las audiencias públicas permiten conocer las posturas de expertos, a fin de que los legisladores tomen una decisión más informada; además, se coloca a la ciudadanía en el centro de las decisiones.
Añadió que la reforma terminará con la represión de conflictos por la corrupción y simulación del viejo régimen laboral. Asimismo, propuso proteger los datos de los integrantes de los sindicatos, pues la iniciativa, como está, permite dar a conocer las listas con el nombre de los agremiados.
