La Cámara de Diputados aprobó con mayoría calificada, en lo general y en lo particular, el dictamen a la minuta que reforma el artículo 19 de la Constitución Política para ampliar el catálogo de delitos a los que el Ministerio Público podrá solicitar al juez la prisión preventiva oficiosa, cuando otras medidas cautelares no garanticen la presencia del imputado en el juicio.
El documento avalado con 377 votos a favor, 96 en contra y cinco abstenciones y enviado a legislaturas locales para sus efectos constitucionales, incluye el abuso o violencia sexual contra menores; feminicidio; robo de casa habitación; uso de programas sociales con fines electorales; corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones; robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades.
También delitos de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
En lo particular, se aceptó la reserva del diputado Rubén Terán Águila (Morena), a efecto de dejar el dictamen como lo remitió el Senado, y no sólo con tres delitos como los aprobó la Comisión de Puntos Constitucionales.
Terán Águila expresó que académicos, especialistas, líderes sociales y representantes de la sociedad civil pugnaron por la incorporación de diversos delitos: abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa-habitación, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de desaparición forzada de personas y la cometida por particulares, así como en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, “son infracciones que se pretenden incorporan a petición de la sociedad civil”.
Indicó que los delitos que se adicionan son de alto impacto y de grave afectación a la vida, dignidad y patrimonio de las personas, además que responden al reclamo de acabar con la corrupción y la impunidad. Se busca prevenir y, en su caso, sancionar conductas graves e ilícitos que vulneran la seguridad del Estado mexicano, que menoscaban el patrimonio de las familias, que dañan a la niñez mexicana y que atentan contra la vida de las mujeres.
El objetivo es disminuir la incidencia en la comisión de algunas conductas delictivas altamente lesivas hacia las víctimas o bien para las instituciones, así como atender de manera eficaz los problemas de impunidad e inseguridad en los que está inmerso el pueblo y el Estado mexicano.
