CDMX.- El senador Daniel Gutiérrez Castorena presentó una iniciativa para establecer la prohibición expresa de celebrar contratos públicos con compañías a las que el Servició de Administración Tributaria (SAT) haya identificado como empresas fantasma.
A nombre del senador Ricardo Monreal, autor de la propuesta, Gutiérrez Castorena indicó que también se pretende ampliar el catálogo de sujetos obligados impedidos para celebrar contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con empresas.
Explicó que actualmente la ley sólo regula las contrataciones realizadas por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de ahí que la reforma planteada incorpore a sus homólogas de las entidades federativas, de municipios y alcaldías.
Asimismo, a la Procuraduría General de la República y las fiscalías o procuradurías locales, a los poderes Legislativo y Judicial, organismos constitucionales autónomos, así como a cualquier ente público.
El texto estable que no puedan celebrarse contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con empresas que no tengan la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales por parte del SAT.
Plantea que proveedores o contratistas que deseen beneficiarse de contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública, deberán autorizar al SAT para publicar su información en la página electrónica de dicha autoridad fiscal, a fin de ser consultada y analizada por la ciudadanía en general.
La iniciativa equipara con el delito de defraudación fiscal, la expedición, adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Incrementa las penas para quienes participen en la suplantación de identidad, representación o personalidad de un contribuyente o inciten a una persona física a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes para utilizar sus datos de forma indebida.
El legislador de Morena dijo que también se contempla la creación de dos padrones, el de Contratistas Confiables y el de Proveedores Confiables, que garantizarán la contratación de personas físicas o morales con las capacidades legales, técnicas y administrativas necesarias y prevendrán actos u omisiones ilícitas en la ejecución de los contratos respectivos.
En el documento se destaca que hay una creciente existencia y operación de compañías ficticias, constituidas exclusivamente para simular operaciones y convertirse en vehículos para evadir obligaciones fiscales, pero también para contribuir a lavar dinero destinado a un sinnúmero de actividades ilegales.
La contratación de este tipo de compañías para obra pública es, sin duda, un problema multifactorial para el cual no hay una solución única. Sin embargo, la propuesta eleva los controles normativos para frenar las operaciones financieras de las dependencias y entidades públicas de los tres órdenes de gobierno con empresas fantasma, se subraya.
El proyecto busca reformar diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Se envió a las comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.
