CDMX.- En el marco del análisis del VI Informe de Gobierno, diputados de Morena, PAN, PRI, PES, PT, MC, PRD y PVEM, cuestionaron al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, en temas de infraestructura, reacondicionamiento de carreteras, aumento de tarifas de peaje y Nuevo Aeropuerto Internacional de México.
En la tercera ronda, la diputada María del Rosario Merlín García (Morena) dijo que hoy se cuenta con una devastadora infraestructura de comunicaciones y transportes que ha cambiado la morfología de las regiones, por lo que exigió a esta secretaría reparar el daño ecológico.
Su compañero de bancada, diputado Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, consideró de vital importancia para el desarrollo del país y la Marina Mercante, la educación náutica porque de acuerdo con el Convenio Internacional de Formación y Titulación del Mar, México posee un sistema de enseñanza obsoleto. Preguntó qué acciones se han tomado al respecto, qué contratos se tienen con las empresas OHL e HIGA y cuándo se entregarán las obras de la carretera federal 15 del tramo Estación Don-Nogales.
Ruiz Esparza informó que en el 2018 hubo mil 313 egresados, con “una preparación al nivel de la necesidades de la Marina Mercante y el cien por ciento obtuvieron un empleo”. Aclaró que HIGA no cuenta con un sólo contrato con SCT y OHL de 17 mil licitaciones, tiene dos, lo que deja ver que no existe preferencia y la carretera federal 15 se entregará a más tardar en diciembre.
Mario Mata Carrasco, diputado del PAN, sostuvo que la SCT ha tenido pésimas decisiones, destacan conflicto de intereses, actos de corrupción, incertidumbre a los inversionistas, opacidad e impunidad. Inquirió sobre el Satélite Centenario, el tren México-Toluca, el fideicomiso del cobro de tarifas y las acciones para la Transición a la Televisión Digital Terrestre, el cual estuvo “plagado de irregularidades en precios, padrones mal elaborados y acusaciones de sobornos”.
El funcionario mencionó que el Satélite fue contratado por la administración anterior y ha sido auditado totalmente; el 93.7 por ciento de la población ya tiene acceso a la señal digital; por el tren México-Toluca se han atendido 252 amparos “por gente que se siente agraviada, en sus ejidos o propiedades”. El fideicomiso no depende de la SCT, es para bien de la infraestructura mexicana y no es para transferírselo a un particular, sino a Fonadin.
La diputada Anilú Ingram Vallines (PRI) reconoció la labor del titular de la SCT y del presidente Enrique Peña Nieto, en esta materia. Mencionó que la consulta sobre el NAIM “es una simulación, es ilegal y carece de metodología. Si quieren cancelar su construcción, háganlo pero no quieran rehuir de la responsabilidad de tomar decisiones, trasladándosela a la ciudadana”.
Ruiz Esparza puntualizó que “lo más importante en proyectos de altísimo nivel y de trascendencia para el país, es tener opiniones profesionales, serias y de expertos en las materias; no tenerlas, no ayuda al próximo gobierno, ya que serán los más interesados en que sus obras y desarrollo cuenten con una validez técnica y esta debe acreditarse”.
Del PES, la diputada Nayeli Salvatori Bojalil preguntó si a más de un año del socavón del Paso Exprés “duerme tranquilo”; por qué el peaje pasó de las arcas públicas a un fideicomiso privado; cuántos fideicomisos opacos existen en la SCT y sobre el estado que guarda la reforma constitucional en telecomunicaciones, es decir, “si realmente se han fortalecido los derechos de los ciudadanos, en conectividad, Internet, telefonía móvil y agenda digital”.
Su compañero de fracción, diputado Miguel Acundo González afirmó que la planeación carretera es fundamental para el desarrollo del país y entregó al funcionario una solicitud, a fin de atender los problemas que aquejan a los ejidatarios y a los municipios que no pueden hacer uso de las carreteras.
El titular de la SCT resaltó que “no es un fideicomiso maestro privado ni un fideicomiso de amigos, es un fideicomiso público, y administra las cuotas de las autopistas. No está en una institución ajena al manejo público, está en una institución abierta, como es Banobras, la cual será de gran apoyo al desarrollo futuro del próximo gobierno. Es una de las entidades que con mayor empuje financia la obra pública”. Sobre la reforma de telecomunicaciones, dijo, hay un avance importante y aún quedan pendientes; se dejan cerca de 80 millones de internautas y 20 millones de hogares conectados.
El diputado Gerardo Fernandez Noroña (PT) se manifestó por no construir la nueva terminal aérea en Texcoco, porque es el vaso regulador de México, y “van a desecarlo, igual que Xochimilco, Tláhuac y Zumpango. El corte de agua de los próximos días es juego de niños comparado con lo que se avecina. Se refirió al proyecto del tren México-Querétaro, “que no existe y se pagaron millones de pesos de indemnización”.
Ruiz Esparza aclaró que no hubo indemnización en el Tren México-Querétaro, se pagaron 21 millones de pesos por los gastos correspondientes al tren, “como manda la ley” y aunque reconoció que no es una cantidad baja, “tampoco es la cantidad multimillonaria que en ocasiones se menciona de 600 millones de dólares. Es totalmente falso”.
La diputada Ruth Salinas Reyes (MC) pidió informar qué acciones está implementando para evitar que las empresas concesionadas realicen aumentos indiscriminados de las cuotas de peaje y qué se hizo para transparentar la entrega de concesiones. Además, cuáles son los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas respecto al tren interurbano México-Toluca.
Ruiz Esparza precisó que las cuotas de peaje es algo que se tiene que revisar, y si existe el interés de que no se incrementen, se debe modificar la ley y analizar qué mecanismos se pueden dar para que haya autopistas y no afectar los ingresos de empresas privadas o públicas que ponen recursos para realizarlas; aclaró que la entrega de concesiones, todas son producto de licitaciones públicas. Respecto al tren México-Toluca, dijo que toda la información es pública, “no hay un solo contrato que no se pueda conocer”.
El diputado Raymundo García Gutiérrez (PRD) resaltó que, a tres meses de finalizar el gobierno, se aumentan las tarifas de autopistas que repercute en los bolsillos de los mexicanos más pobres porque se elevará el pasaje, el precio de los productos de la canasta básica y los insumos, entre otras cosas; pidió conocer a qué se debió este incremento y para qué será destinado este excedente y qué acciones se implementaron para garantizar el acceso de las zonas rurales a las urbanas.
El secretario reconoció que el aumento en las tarifas de autopistas son temas que afectan al bolsillo, pero dependen del Fideicomiso y que responden a una necesidad financiera; las cuotas que recibe las destina a que se amplíe la infraestructura de las carreteras y otras necesidades del país. Aclaró que el incremento no fue del 18 por ciento, sino de poco más del 5 por ciento. Respecto al acceso de zonas rurales, indicó que se realizaron más de 35 mil kilómetros de caminos rurales y alimentadores que ayudan a la conectividad de estos lugares.
En representación del PVEM, diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez, pidió a Ruiz Esparza detallar cuál es el costo del proyecto del Nuevo Aeropuerto y por qué se duplicó, cuánto se ha invertido, en qué tiempo entrará en operaciones, si es viable utilizar el espacio aéreo de Santa Lucía y cuál es la razón de no continuar con el desarrollo del Sistema Aeroportuario Metropolitano (SAM) que involucra a aeropuertos de Toluca, Puebla, Querétaro y Morelos.
El titular de la SCT expuso que la obra del NAIM tendrá un costo de 13 mil 300 millones de dólares, el cual se duplicó por el alza del tipo de cambio; se han invertido a la fecha 100 mil millones de pesos, tiene un avance del 31.5 por ciento, entrará en operación en junio del 2022 y su mantenimiento será mucho más económico que el actual, ya que este representa un gasto anual de 456 mdp y la nueva obra costará cada siete años 350 mdp. En cuanto al espacio aéreo de Santa Lucía es incompatible y que el SAM no se continuó, porque las aerolíneas les baja la competitividad.
