Políticas públicas en materia de vivienda generan efectos traumáticos al tejido social

CDMX.- En México, las políticas públicas en materia de vivienda dejan un efecto traumático al tejido social de miles de mexicanos, por lo que urge asumir el compromiso de hacer frente a los grandes retos que afectan a millones de habitantes, debido a viviendas mal logradas o inviables o porque no pudieron acceder a créditos, sostuvo el presidente de la Comisión de Vivienda, diputado Carlos Torres Piña (PRD).

Al instalar esta instancia legislativa, Torres Piña declaró que las y los diputados trabajarán por no dejar a familias sin techo, ese debe ser parte fundamental de los objetivos de esta LXIV Legislatura, ya que las problemáticas que atraviesa el sector son impostergables.

Las consecuencias de una política mal planeada son: negar acceso a una vivienda digna, construirlas con dimensiones asfixiantes creando “ciudades dormitorio”, donde los vínculos sociales más elementales como identidad, pertenencia y solidaridad tienen pocas posibilidades de desarrollo.

Hoy en día, destacó, se estafa a aquellos que creen comprar una vivienda con los parámetros de seguridad cuando no es así, sólo para satisfacer a grandes constructoras inmobiliarias en contubernio con funcionarios y eso, es sólo el comienzo de varios problemas.

“Asumimos el gran compromiso y la responsabilidad irrestricta con el pueblo de México, especialmente con aquellos que sufren mayor desigualdad, de que velaremos porque cada vez más personas accedan a una vivienda digna”, afirmó.

De Morena, el diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, precisó que la política en la materia ha sido un fracaso en México, desde que el desarrollo inmobiliario se otorgó a particulares, tenemos como resultado un gran desastre en las políticas públicas en la materia y un déficit de 7 millones de viviendas por falta de crédito y ausencia en el sector rural, aunado a un millón y medio de créditos de quienes no han podido saldar su vivienda y la abandonan.

El diputado Jorge Alcibíades García Lara (MC) dijo que será compromiso de las y los diputados disminuir el rezago habitacional, dar soluciones de vivienda bien ubicada y con acceso a servicios e infraestructura porque, “coincidimos en que los tres grandes retos que presenta el sector son financiero, economía y por la cuestión jurídica, se requiere trabajar por una política integral de vivienda que responda a las demandas sociales del país”.

Por el PT, la diputada Maricruz Roblero Gordillo argumentó que Chiapas, es una de las entidades de la República que sufrió más daños por los sismos ocurridos el año pasado, por lo que “tenemos un compromiso con la gente que perdió sus viviendas, somos aliados en la materia y sacaremos adelante los temas relacionados con el sector”.

Del PVEM, el diputado Marco Antonio Gómez Alcantar (PVEM) sostuvo que se requiere una nueva política en materia de vivienda. “Hay mucho que mejorar en la regulación de Fovisste, Infonavit, entre otros institutos, estamos abiertos a recibir propuestas y contribuir con nuestro trabajo para hacerlas más sólidas”.

Del PES, el diputado Miguel Acundo González enfatizó que se necesita armonizar las leyes respecto al derecho humano a la vivienda. “Es, sin lugar a dudas, la agenda de esta comisión”. Se pronunció porque no haya más viviendas abandonas por falta de pago. “La transformación en la que estamos empeñados en la presente legislatura debe hacer pagar la deuda histórica con los mexicanos que no han tenido la posibilidad de contar con un bien inmueble”.

La diputada Norma Adela Guel Saldívar (PRI) precisó que deberán revisar las políticas públicas y su impacto en la materia, así como los programas que se otorgan al subsidio. “Para nuestra bancada, es de suma importancia velar porque la vivienda satisfaga las necesidades primarias de todo individuo”, abundó.

La diputada Jacquelina Martínez Juárez (PAN) precisó que las viviendas son el principal patrimonio de las familias. “En México, 75 por ciento del uso del suelo corresponde a la vivienda, por lo que más allá de diferencias partidarias estamos obligados a ejercer un trabajo institucional, así como incidir para que accedan a este beneficio sectores vulnerables como los jóvenes y las madres solteras”.