CDMX.- Para prevenir y detener el linchamiento de personas, el Pleno de San Lázaro aprobó exhortar al Ejecutivo federal, gobiernos estatales y ayuntamientos, para que diseñen e implementen estrategias y acciones que eviten que la población de las comunidades afectadas, hagan justicia por propia mano y se garantice el estado de Derecho.
El punto de acuerdo leído por la diputada María Rosete Sánchez (PES) solicita que el Ejecutivo federal, de manera inmediata, destine mayores recursos económicos, logísticos y de seguridad a municipios y localidades que requieren atención urgente por encontrarse en situación de riesgo, inseguridad e ingobernabilidad.
Asimismo, para que el Ejecutivo federal en coordinación con las distintas fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales “establezcan rutas de vigilancia en municipios y localidades que representan mayor índice de delincuencia e inseguridad para la población”.
La legisladora argumentó que “el linchamiento no sólo demuestra la crisis que existe en la impartición de justicia, sino afecta el tejido social y vulnera los derechos de los acusados. Padecemos una ausencia y fragilidad en el estado de Derecho que crea un resentimiento ciudadano, al grado de caer en la delincuencia y violencia”.
Mientras las instituciones no garanticen a la ciudadanía el bienestar personal y familiar, no cesarán las reacciones con violencia para castigar por su propia mano a los presuntos delincuentes, resaltó.
“La respuesta de la población ante la incapacidad de los cuerpos de seguridad, incluyendo a las Fuerzas Armadas, ha puesto en problemas de gobernabilidad a diversas localidades del país, al crearse mecanismos de autodefensa y cuerpos de seguridad formados por civiles, que en algunos casos han tomado en sus manos la aplicación de la justicia, poseen armas prohibidas y se despliegan al margen de la ley”, precisó.
Este hartazgo social se ha convertido en un método de control social. Hay vacíos de autoridad que han hecho del linchamiento una práctica común en algunas localidades o sectores sociales. Lo más preocupante, dijo, es que muchos de estos actos tienen que ver con algunas noticias y mensajes falsos o rumores ficticios que circulan a través de la red o entre la población, sobre supuestos secuestros de niños, resultando que las víctimas al final eran inocentes.
“No podemos seguir viviendo en un país en donde en promedio se cometen 82 asesinatos por día, y entre 3 o 4 personas son asesinadas cada hora. Septiembre se convirtió en el mes más sangriento de este 2018, los linchamientos cubrieron la nota roja de los noticieros. Además, la participación de niños y jóvenes en delitos violentos y actividades de alta peligrosidad es cada vez mayor y no vemos para nada que se esté haciendo algo al respecto”, advirtió.
Exigió a todas las autoridades trabajar para que cumplan con su responsabilidad y obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como la dignidad e integridad de la población, ya que México se siente inseguro, la ausencia de políticas oficiales y la ineficiencia de los servicios de seguridad no han garantizado seguridad en lo individual y menos en lo colectivo.
La diputada Ana Lilia Guillén Quiroz (Morena) dijo que el estudio “Linchamientos en México”, del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, señala que en los últimos 26 años en México se registraron 366 linchamientos en diferentes estados de la República, lo que muestra un Estado fallido; agregó que los motivos por los que lincharon a las personas fueron por robo, atropellamiento o accidentes de tránsito, y 7 por ciento fue acusado de violación, asesinato o secuestro.
La impunidad y debilidad del estado de Derecho propician que diferentes grupos decidan ejercer la violencia y la justicia por propia mano; el linchamiento pone en evidencia la crisis de la impartición de justicia, afecta el tejido social y reflejan la pérdida de valores mostrando la violencia extrema.
Guillén Quiroz consideró que mientras la justicia del Estado siga siendo excluyente y omisa, los linchamientos no cesarán; pidió la intervención del Estado mexicano para liberar “un municipio que en Michoacán está en estado de sitio desde hace dos semanas. Porque cuando la gente toma por su cuenta y riesgo la justicia, entendemos que el fallo del Estado es en mayor proporción de lo que queremos admitir”.
Para rectificar hechos, desde su curul la diputada Yolanda Guerrero Barrera, de la misma fracción parlamentaria, hizo un llamado de atención al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo para “pedirle mesura y recato, porque él es el responsable de la seguridad”.
La diputada María Liduvina Sandoval Mendoza (PAN) indicó que las autoridades de los tres niveles de gobierno han sido rebasadas, pues frente a la incapacidad de autoridades para frenar la violencia y ante una debilidad institucional provocada por la corrupción y la complicidad de malos servidores públicos con el crimen organizado, se han dado estos linchamientos.
“Debemos admitir que estos hechos se han reproducido en varias entidades. Los derechos humanos y las libertades fundamentales no pueden ser ejercidos a plenitud sin instituciones sólidas que garanticen un Estado democrático de Derecho”, enfatizó.
Es demanda de todos los mexicanos que se termine la inseguridad e impunidad, componentes que detonan que las personas tomen la justicia en sus propias manos, y celebró la intención de restaurar la Secretaría de Seguridad Pública, “nunca debió haber desaparecido”.
Al dar el posicionamiento del PRI, el diputado Rubén Moreira Valdez aseguró que los intentos de linchamiento han quebrantado el orden social en distintos lugares del país, lo cual no es justificado, pues estos acontecimientos son un obstáculo para la justicia y la consolidación del Estado democrático.
“La Justicia por propia mano constituye una violación al principio de presunción de inocencia y es un grave retroceso en materia de derechos humanos. Los linchamientos se comienzan a convertir en una noticia cotidiana”.
Aseguró que las redes sociales juegan un papel relevante en la comisión de estos delitos, ya que a través de ellas se difunden mensajes donde se alerta de presuntos delincuentes, lo que en muchas ocasiones termina en terribles tragedias.
Enseguida, el diputado José Ángel Pérez Hernández (PES) afirmó que a los índices de violencia y precepción social de una ciudadanía harta y atemorizada por hechos delictivos, se suma la incapacidad de la autoridad para brindarle seguridad y por eso decide hacerse justicia por mano propia.
“Esto es indeseable y reprobable. En este lamentable contexto, la justicia por propia mano es una negación y retroceso del orden jurídico nacional, que nada remedia y colabora a la erosión del tejido social”, subrayó.
Se pronunció por una procuración inmediata de recursos económicos, logísticos y de seguridad a municipios y localidades que requieren pronta atención por encontrarse en situación de riesgo, inseguridad e ingobernabilidad, así como la coordinación con fuerzas federales, estatales y municipales de seguridad, para dar certeza y paz a la población.
El diputado del PT, Francisco Javier Huacus Esquivel, apuntó que es imperdonable “que un pobre asesine a otro pobre por haberle robado ante la falta de atención y las políticas fallidas del sistema corrupto instalado en nuestro país”.
Indicó que el actual modelo de seguridad pública y procuración de justicia está en una situación insostenible, pues “los mexicanos hemos tenido miedo y desconfianza en las autoridades, donde hemos perdido la libertad de vivir en paz”.
Añadió que el país atraviesa por una profunda crisis de ilegalidad sin precedentes, derivada de la inestabilidad social que origina la violencia pública y donde las autoridades, en amplias regiones, han sido suplantadas de sus funciones constitucionales por los poderes fácticos de grupos delictivos, que se infiltraron en esferas de la vida política y de seguridad en todos niveles, con lo que se expone a la ciudadanía a una pérdida progresiva de libertades. Se pronunció por que sea el Estado quien procure y garantice la justicia y no los ciudadanos por su propia mano.
La diputada Carmen Julia Prudencio González (MC) sostuvo que la violencia que hoy vive el país no podrá disminuir con actos que estén en contra de la ley. “La violencia debe ser condenada por todos, ya que la demostración de odio, rencor, venganza acumulados, no abonan a nada ni a la convivencia social”.
Argumentó que la violencia proclamada y llevada a cabo a nombre de la justicia, solo puede desacreditar la justicia misma. Por ello, dijo, debe ser condenada por todos y con especial convicción por aquellos que tenemos la alta encomienda de representar a la soberanía popular. “El Estado es el único facultado para poder ejercer el uso lícito de la fuerza pública y es el encargado de velar por los derechos humanos”.
Consideró que hoy se está en el momento de hacer valer la protección de los ciudadanos y evitar los linchamientos, por lo que solicitó de manera urgente la intervención del Estado para que haga valer lo que señala Constitución, y quien este facultado en la materia de seguridad pública”.
La diputada Abril Alcalá Padilla (PRD) indicó que los linchamientos son un síntoma, más no la grave enfermedad de la violencia, la inseguridad y la impunidad que hoy aqueja a México. En algunos municipios, la falta de presencia, por parte de las instituciones del Estado, ha provocado estos acontecimientos que son lamentables y reprochables.
Sin embargo, las cifras de impunidad en nuestro país son críticas y es el cuarto más impune a nivel global. “Cerca del 99.3 por ciento de los delitos quedan impunes, y 26 de las 32 entidades federativas se encuentran en colapso penal a falta de policías y de jueces”, especificó.
Comentó que es importante que se destinen mayores recursos a las instituciones de seguridad pública y que éstas actúen con mayor celeridad. “Identificar a la pobreza con el origen de linchamientos y violencia en general no es sólo erróneo, sino determinista; debemos estar de acuerdo en que no todos los pobres son delincuentes ni todos los delincuentes surgen de la pobreza y de la necesidad”.
El diputado Oscar Bautista Villegas (PVEM) se manifestó a favor de este punto de acuerdo, toda vez que el linchamiento evidencia una crisis de valores sociales, pues transgrede toda forma racional de actuar y viola preceptos de la Constitución y acuerdos internacionales. Se pone en un estado de indefensión al sujeto que comete estos hechos, negándole el derecho a un juicio justo por los actos que se le acusan, enfatizó.
Añadió que lo grave es que estas acciones muchas veces se sustentan en rumores por los medios de comunicación o redes sociales o de forma verbal previo al linchamiento, provocando que personas que son inocentes sean lesionadas o asesinadas.
“Estamos a favor del exhorto, porque queremos evitar los linchamientos y que la ciudadanía tenga confianza en cada una de sus instituciones”.
Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el miércoles 3 de octubre, a las 11:00 horas.
