Chihuahua.- El Poder Legislativo de Chihuahua, reformó la Ley de Prevención y Gestión Integral de los Residuos del Estado, esto con la finalidad de contribuir con el cuidado al medio ambiente y detener su deterioro, por lo que quienes brinden servicios que involucren el uso de generadores de residuos sólidos urbanos, están obligados a ofrecer únicamente popotes elaborados con materiales reutilizables o biodegradables.
Dicha reforma se realizó a fin de generar las condiciones necesarias para optimizar los procesos tecnológicos que generen una correcta protección al medio ambiente y evitar con ello el excesivo consumo de productos altamente contaminantes, señaló el diputado Hever Quezada Flores, presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.
Para ello, se exige por Ley el uso de materiales más amigables con el ambiente para que su proceso de degradación sea más rápido, o sea los elaborados con materiales biodegradables.
Para finalizar, informó que la contaminación ambiental generada por popotes y plásticos en general es una realidad y su impacto negativo es importante por lo que es urgente la creación de normas que modifiquen el consumo de productos elaborados con materiales plásticos.
Expide Congreso del Estado Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
Durante el Decimoctavo Periodo Extraordinario de Sesiones, los diputados de la Sexagésima Quinta Legislatura, expidieron la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado, la cual abroga la ley en la materia que se encuentra vigente desde el año 2001.
Este dictamen integra 4 iniciativas presentadas durante la actual legislatura, y es resultado de un intenso trabajo realizado entre los sectores público y privado, a través de diversos instrumentos de participación como Foros de Consulta en las principales ciudades del Estado y Mesas de Trabajo con especialistas.
Las figuras y mecanismos que se han incorporado en esta ley, destacan la inclusión de los medios informáticos, a través de un sistema electrónico de contrataciones; la concepción de la figura del Testigo Social, como participante activo en los procedimientos de contratación; también el fortalecimiento y delimitación de los Comités de Obras Públicas y Servicios Relacionados de los entes públicos.
Además, la definición de aspectos esenciales que coadyuvaran con la libre competencia en las licitaciones públicas e invitaciones a cuando menos tres contratistas, entre otras modificaciones en materia de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidades.
Se prevé que esta nueva Ley entre en vigor el próximo 1° de enero del 2019, una vez que sea publicada por el Poder Ejecutivo en el Periódico Oficial del Estado.
