En el foro “Modificaciones a la Ley de Adquisiciones y a la Ley de Obras para combatir la corrupción en las compras gubernamentales”, la diputada Claudia Sofía Corichi García (MC) resaltó que la normatividad en esta materia tiene lagunas que pueden ser riesgosas y permitir la deshonestidad.
La legisladora, presidenta de la Comisión Especial para dar seguimiento a los procesos y resultados de las compras del Gobierno federal, expresó que los delitos y la impunidad registrados en las adquisiciones y en las obras realizadas con dinero público, deben ser parte de un análisis constante, ya que el recurso que se usa es importante y debe ejercerse a plenitud.
Indicó que la instancia que preside propuso reformas a las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en sus artículos primero, con el propósito de prevenir y disuadir los actos de corrupción en los contratos.
Consideró necesario que las adquisiciones, al amparo del artículo primero, beneficien a las dependencias de la Administración Pública, para que puedan llevar a cabo las contrataciones de manera rápida y expedita.
Corichi García mencionó que, actualmente, con este beneficio se pueden correr riesgos, como el de no realizar una investigación de mercado suficiente para garantizar que el ente público proveedor ofrezca las mejores condiciones para el Estado, y se pague a veces un sobreprecio.
Otro conflicto es que no acredite fehacientemente que cuenta con recursos humanos, materiales y técnicos para poder ser proveedor. “Hay algunas lagunas que han permitido que esto sea posible”.
Por ello, subrayó, se han promovido mejores prácticas en el ejercicio del gasto público, a través de cambios y adecuaciones a la legislación vigente. Su iniciativa de reformas, explicó, busca que el titular de la dependencia o entidad contratante sea quien suscriba los acuerdos y se cerciore fehacientemente que la entidad pública contratada cuenta con la capacidad técnica, material y humana para la realización del contrato y no subcontrate más del 49 por ciento.
Además, continuó, se deben pactar condiciones y términos para la aplicación de penas convencionales o deductivas a cargo del proveedor, derivadas del incumplimiento del contrato; establecer la obligación de la dependencia o entidad pública de registrar la totalidad de los contratos que se realicen, independientemente del tipo de proveedor, en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
La diputada Claudia Corichi destacó que el objetivo es reducir el margen de interpretación y de discrecionalidad, para que se dé una aplicación real de la norma, con menos lagunas. “Es un tema vital, para tratar de combatir la corrupción y cerrar los vacíos de la impunidad”.
El subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública (SFP), José Gabriel Carreño Camacho, sostuvo que es necesario hacer ajustes al marco normativo.
Aclaró que “no estamos en una zona de confort”; la dependencia, comentó, realiza acciones para combatir la corrupción y perfeccionar las disposiciones en compras públicas; sin embargo, “requerimos la reforma legislativa para poder aterrizar todas las propuestas que son necesarias en este momento”, puntualizó.
Subrayó que las iniciativas que se han presentado pretenden dar un marco general al tema de las compras públicas, pero están detenidas en este momento; sin embargo, “eso no nos puede impedir que tomemos acciones y decisiones en la materia”.
Comentó que derivado de las problemáticas que se han dado en las contrataciones entre entes públicos y la creación de empresas fantasmas -donde las auditorías todavía desconocen a dónde fue a dar el recurso-, la SFP emitió un oficio dirigido a los oficiales mayores para que se restrinja la contratación entre entes públicos y se privilegie una investigación de mercado para que se pueda definir si se hace con ese público u otro medio.
También, continuó, la Secretaría de la Función Pública impulsó la creación de un grupo de trabajo plural en materia de contratos de obras públicas, en donde han intervenido organizaciones de la sociedad civil, sector empresarial y las entidades involucradas para realizar un diagnóstico coordinado, que tuvo como resultado 34 recomendaciones que a la fecha se están analizando. “Algunas de ellas se están previendo no sólo para este sexenio, sino también para el que sigue”.
Señaló que hay en puerta reformas a los reglamentos, tanto de la Ley de Adquisiciones como la de Obras. En las próximas semanas, aseguró, se estarán emitiendo estos nuevos ordenamientos, en los que se precisa que la contratación entre entes públicos debe tener una regulación más precisa en materia de investigación de mercado y supervisión, y que el participante acredite que cuenta con las capacidades técnicas, humanas y materiales para llevar a cabo el objeto de lo que se está pactando.
Explicó que algunas de sus propuestas, para una eventual reforma a las leyes, consisten en diferenciar los servicios de mantenimiento de los bienes incorporados a inmuebles, respecto de los trabajos de obras públicas, ya que existe una confusión y hay demasiadas consultas por parte de los entes públicos para ver cuál ley aplica; fortalecer la investigación de mercado para que éstos cuenten con los elementos que les permitan identificar el procedimiento de contratación que deberá llevarse a cabo.
También se busca, añadió, reforzar la transparencia respecto de las invitaciones restringidas y de las adjudicaciones directas. Estas últimas no son malas, sino necesarias en algunos casos, “sólo se tiene que precisar por qué se tiene que dar y para qué efectos”.
Del mismo modo, planteó establecer como obligatorio el registro de los proveedores o contratistas de las invitaciones restringidas o adjudicaciones directas, y vincularlos a una evaluación.
Mariana Campos Villaseñor, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, indicó que en la obra pública no se desarrollan los proyectos que generan valor o promueven el avance del país, ya que hay problemas en la rentabilidad, la cual tiene relación con los costos. Además, aseguró, los proyectos no se edifican con la calidad deseable, lo que genera sobrecostos y limita la vida útil de los mismos.
Las dificultades en los contratos de obra pública, abundó, no están determinados solo por la ley, sino por conflictos de fondo, pues se carece de una planeación de la infraestructura de México. Por ello, apuntó, es necesario crear un proceso de programación objetivo, institucional y apartidista, en donde se analicen los indicadores de rentabilidad.
Afirmó que la recomendación va enfocada a hacer una planeación, a través de un órgano, donde todas las dependencias participen con su conocimiento sobre cada sector, que haga un análisis de inventarios e indicadores y emprenda una estrategia que no sólo sea de corto plazo, ya que en la actualidad es de cinco años, cuando el mínimo que se requiere para una nación como México es 30 años.
En el mundo, puntualizó, los países que tienen la mejor infraestructura cuentan con procesos de planeación objetivos, no politizados, como Canadá o Reino Unido. Añadió que un gran problema en las contrataciones es que se alejan de ley, pues hay una federal y cada entidad tiene su norma, “lo que abre las puertas para la discrecionalidad en la licitación”.
El director general del Observatorio de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Alfonso Carrillo Silva, pidió simplificaciones en el marco normativo y regulatorio y que las leyes sean observadas y vigiladas por su cumplimiento. “Exigimos el firme combate a la corrupción y a la impunidad”, subrayó.
Consideró indispensable contar con licitaciones transparentes a nivel federal, estatal y municipal, y pidió, respecto a los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), un ejercicio honesto de los mismos en materia de infraestructura y obra pública. Exigió políticas públicas que incluyan la contratación de empresas locales, como medio para fortalecer la competitividad y la generación de valor regionalizando en toda la cadena productiva.
Solicitó la modificación de las leyes, así como de sus reglamentos, para que sean congruentes con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), apoyándose en empresas socialmente responsables que cumplen con los protocolos de conducta derivados del SNA. Consideró que se debe incentivar a las empresas mexicanas y dar mayor transparencia a la asignación de los proyectos de contratación.
México, enfatizó, requiere certidumbre para las inversiones y alcanzar un nivel de inversión pública equivalente al 5 por ciento del PIB en infraestructura. Reconoció que Compranet es una herramienta que fue innovadora en su momento, pero requiere actualizarse. Estimó necesario revisar los procedimientos de evaluación y apoyar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes).
María Luz Mijangos, especialista en fiscalización, sostuvo que para terminar con los vicios en las compras gubernamentales es necesario crear herramientas que incentiven a quienes realicen bien su trabajo y se fortalezca la transparencia de las licitaciones.
Las anomalías en las compras y contratos gubernamentales ya se tienen identificados; por ello, dijo, es fundamental que el trabajo realizado por la Cámara de Diputados y las diversas organizaciones civiles sea integrado para construir la base para el combate de estas malas prácticas.
“Vamos contra una cultura, no de este sexenio o de anteriores, sino del México moderno, de la generación de empresas al amparo del amiguismo y del privilegio a compañías extrajeras, las cuales muchas veces no poseen las capacidades para cumplir con las obras o compras eficientemente”, apuntó.
