En el conversatorio “Impactos positivos de la implementación de la NMX-R-025-SCFI-2015. Igualdad laboral y la no discriminación”, especialistas reconocieron los avances sustanciales para la inclusión de las mujeres en el ámbito profesional; sin embargo, persisten amplias brechas de desigualdad en el salario por el mismo cargo.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez (PRI), señaló que la participación femenina en la fuerza laboral ha pasado del 36 por ciento en 1980 al 52 por ciento en 2009, lo que significa que aproximadamente la mitad de ellas o más ha decidido entrar al mercado profesional.
Esto, dijo, “no ha sido suficiente porque se tiene una desigualdad entre 60 y 90 por ciento de los salarios entre hombres y mujeres, a pesar de que emprenden las mismas actividades pero con diferente pago. Nuestro resto está en revertir la brecha y lograr que ambos tengan las mismas condiciones, no solamente educativas y laborales, sino también en materia económica”.
Argumentó que en países como Chile, Brasil y México, las mujeres cobran menos que los hombres, particularmente en profesiones de alto nivel jerárquico, pues “mientras ellas van creciendo de rango, la desigualdad es más notoria en materia económica. En el país, el 51 por ciento de los trabajadores por cuenta propia en el sector informal son mujeres”.
Guzmán Vázquez destacó que esta Legislatura ha trabajado en la perspectiva de género en todas sus leyes y se cuenta con un lenguaje incluyente; no obstante, el reto no es solamente de la normatividad sino cultural.
Relató que la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2012, es un mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a los centros de trabajo que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, que favorecen el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Actualmente establece parámetros básicos a favor de los derechos laborales de las mujeres, pues incorpora la perspectiva de género y no discriminación en los procesos de reclutamiento, en la selección, movilidad y capacitación; garantiza igualdad salarial; implementa acciones para prevenir y atender la violencia laboral; realiza operaciones entre la vida laboral, familiar y personal de sus trabajadores. “Ello marca un precedente pero no es lo único que se tendrá que hacer”.
Es fundamental mayor igualdad salarial y prestaciones; lenguaje incluyente, no sexista y accesible; salas de lactancia; flexibilización de horarios; licencias de paternidad; salidas para apoyar necesidades de cuidado que contemple la diversidad de familias y hogares; accesibilidad de espacios físicos y mecanismos para prevenir, atender y sancionar la discriminación y la violencia familiar.
María de la Paz López Barajas, directora general de Autonomía y Empoderamiento para Igualdad Sustantiva del Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres), señaló que la norma busca que haya igualdad y no discriminación. Además, que los centros de trabajo cuenten con la certificación que demuestre que cumplen con procesos y prácticas a favor de la igualdad laboral.
Aclaró que dicha norma todavía es voluntaria, pero se trabaja para que transite a ser oficial, ya que contiene los principios orientadores para que las empresas se transformen y éstas sean inclusivas.
Mencionó que se realizan auditorías a las empresas para que obtengan esta certificación y la de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la cual otorga puntos adicionales a las empresas que generan incentivos para que cumplan todos los requisitos de la norma.
Enfatizó sobre la necesidad de cambiar la cultura en las empresas y no conformarse con una certificación. “No se puede hacer un trabajo de cambio cultural, si no es de la mano con las organizaciones que representan los intereses de las personas”.
Dolores Ofelia Blancas Rueda, presidenta fundadora de Casa Gaviota “Un vuelo sin violencia de género A.C”, subrayó que en México viven más de 120 millones de habitantes, de los cuales 88 están en edad productiva; sin embargo, las mujeres siguen teniendo desigualdades laborales, así como las personas con discapacidad, las y los integrantes de la comunidad LGBTTTI, indígenas y las de la tercera edad.
Indicó que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), será hasta 2087 cuando hombres y mujeres puedan tener un salario similar al trabajo igual, pues en la actualidad ellos ganan 23 por ciento más, sin contar, los roles diferentes del cuidado que tiene que ejercer la mujer.
Las personas con discapacidad, relató, ganan 70 por ciento por debajo del salario que debería recibir cualquier otra con el mismo trabajo, además sus empleos son inferiores a su capacidad. En el caso de los adultos mayores, en 2012 solamente 4 millones de un total de 12.5 estaban laborando, y en cuanto a los jóvenes, su acceso a empleos es muy limitado.
Blancas Rueda externó que a México le urge un cambio cultural y darse cuenta de la violencia insostenible que se vive. “No se puede llegar al 2087 con esa desigualdad”.
Durante el conversatorio también participaron especialistas y consultoras en el tema, los cuales coincidieron en lo urgente de un cambio cultural en la sociedad, en el sector económico y laboral, donde mujeres, personas con discapacidad, con preferencia sexual diferente y sectores indígenas sean incluidos en los procesos productivos.
Asimismo, un cambio de visión a partir de la norma oficial, impulsada como un elemento para que las empresas y el sector productivo realicen sus trabajos con estas recomendaciones y generar un cambio cultural que incluya erradicar la exclusión.
Del mismo modo, visualizar los incentivos que tienen las empresas, organizaciones o instituciones que adoptan la norma.
