El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputado Jesús Valencia Guzmán (Morena), afirmó que es responsabilidad del Legislativo promover el fortalecimiento y efectividad del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) pues, enfatizó, “sólo con el compromiso de todos los involucrados podrá acabarse con este cáncer que carcome al gobierno y a la sociedad”.
Aseguró que, según cifras del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), el problema de la corrupción equivale a cinco puntos del PIB, lo que rebasa los 200 mil millones de pesos, aunque, alertó, “hay quienes dicen que supera los 500 mil millones de pesos”.
Al Inaugurar el foro “Sistema Nacional Anticorrupción: Retos y Avances”, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, al que asistieron presidentes magistrados de distintas entidades del país, el legislador aseguró que “el funcionamiento de este sistema ha tenido grandes desafíos y obstáculos en sus dos años”.
Expresó que este mecanismo de coordinación ha sido reconocido internacionalmente por ser encabezado por los ciudadanos, con un diseño de estructura institucional que no tiene similitud en otras partes del mundo.
No obstante, destacó, la falta de nombramientos de miembros del Comité Coordinador del SNA o de una política nacional eficiente, entorpecen el funcionamiento del sistema y la lucha contra la corrupción, además de la ausencia de un fiscal anticorrupción, lo cual forma parte de los retos.
Refirió que la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental del Inegi, precisa que la corrupción para la realización de pagos, trámites, solicitudes de servicios públicos, fue de 6 mil 418 mdp en 2015, y de 7 mil 217 millones en 2017.
“Esto tiene un costo de oportunidad para empleos bien remunerados, seguridad y desarrollo, es decir, afecta la calidad de vida de todos los mexicanos”, enfatizó.
Apuntó que los vastos compromisos internacionales que México tiene signados en esta materia se verán incrementados con las obligaciones establecidas en el nuevo capítulo anticorrupción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Yasmín Esquivel Mossa, presidenta de la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos, declaró que la corrupción ha carcomido la confiabilidad de las instituciones y debilita el pilar fundamental de la credibilidad del Estado Mexicano.
“No hay nada más lamentable y preocupante para el desarrollo de nuestro país, que las instituciones públicas pierdan fuerza ante los ojos de la población, frente a lo cual el destino de nuestro país se vislumbra sumamente sombrío”, expresó.
Coincidió con el legislador al apuntar que “hacen falta muchos nombramientos a nivel federal y en las entidades”, como en el caso de la Fiscalía y magistrados federales en la materia; por ello, dijo, es válido retomar la voz de las instancias, sociedad y la academia.
“A dos años de su aprobación tenemos que revisar qué tan eficiente ha sido el SNA. Debemos hacer que sirva y sea eficaz, por ello aplaudo que la Cámara de Diputados esté interesada en recopilar información para generar iniciativas, puntos de acuerdo y modificaciones legales necesarios para que este mecanismo aporte los resultados esperados”.
Remarcó que el Sistema Nacional Anticorrupción es producto de la conjunción de esfuerzos, así como de la voluntad del Ejecutivo y el Legislativo, que atendieron la exigencia de la sociedad para el combate de este delito.
El magistrado de la Décimo Segunda Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Álvaro Castro Estrada, mencionó que existen funcionarios que han encontrado en esta práctica y en la impunidad un modo de vida y riqueza. “Su raíz es la decisión personal de las personas con conocimiento de las consecuencias”.
“No se nace corrupto, se elige serlo, el problema trasciende la moral y se convierte en inercias para que, ya sean del sector público o privado o ambos, llegan al punto de considerar que es más rentable romper la ley que respetarla”, externó.
El director general de Responsabilidades de los Recursos Federales en Estados y Municipios, de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación, Aldo Gerardo Martínez Gómez, explicó que actualmente se pueden recibir denuncias de la ciudadanía, atendiendo la guardia y custodia del presupuesto federal.
“Nuestras actividades de fiscalización van encaminadas al adecuado ejercicio de los recursos públicos federales; al concluir la investigación, la ASF emitirá un informe para la determinación de la existencia o inexistencia de la irregularidad y promoverá las acciones que correspondan en el ámbito de su competencia”, aclaró.
El catedrático del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Octavio Martínez Camacho, aseguró que con el andamiaje y estructura jurídica actual “nos llevaríamos un mal sabor de boca” si se nombra el fiscal anticorrupción, pues, aseguró, “tendría poca autonomía”.
“El Fiscal Anticorrupción está atado al tema de recursos económicos. “Un organismo público sin dinero es sólo un sueño”, consideró.
El titular de la Unidad de Vinculación de la Secretaría de la Función Pública con el Sistema Nacional Anticorrupción, Dante Preisser Rentería, destacó que 18 entidades ya completaron la armonización de sus leyes secundarias, mientras que 17 ya tienen un Comité Coordinador sesionando.
“Del total de entidades, 27 ya tienen un Comité Seleccionador del Comité de Participación Ciudadana (CPC), 21 cuentan con su CPC, 21 ya cuentan con un Fiscal Anticorrupción, 31 ya tienen magistrado especializados y 15 estados ya cuentan con sus Secretarías Ejecutivas en la materia”, precisó.
