Diputados hacen frente común para atender y respaldar a los mexicanos deportados

Con el fin de ampliar la visión de la problemática de migrantes mexicanos que regresan al país y acordar soluciones que se traduzcan en posibles propuestas de iniciativas que ayuden a esta comunidad, los diputados Rafael Hernández Soriano (PRD) y Hugo Daniel Gaeta Esparza (PRI), organizaron el “Conversatorio Migrantes: Retorno e Identidad”.

Al inaugurar la reunión, el legislador Gaeta Esparza, secretario de la Comisión de Asuntos Migratorios, puntualizó que los diputados de todas las fuerzas políticas de esta Legislatura hicieron un frente común para escuchar, atender y respaldar a los connacionales, convencidos de que siempre han sido factor de desarrollo y nunca elemento de conflicto social o económico.

En virtud del gran significado de este conversatorio, pidió que la minuta de esta reunión se envíe a la Comisión de Asuntos Migratorios, a la que pertenece, para elaborar posibles iniciativas que ayuden en la atención de esta problemática.

Esta Comisión, expresó, “refrenda su apoyo para solucionar cualquier anomalía que afecte los derechos humanos, legales o administrativos de los migrantes, que lesionan su dignidad.

Consideró que los 50 consulados mexicanos en Estados Unidos deben fortalecer el trabajo de atención, acercamiento y asesorías que requieran los connacionales, ampliando la difusión de sus derechos, apoyos y gestiones a los que son sujetos.

Recordó que en 2017 retornaron, de manera temporal o permanente, dos millones 220 mil paisanos, quienes fueron atendidos por el programa Diputada Amiga-Diputado Amigo, que cada año supervisa la correcta asistencia del Instituto Nacional de Migración, Aduanas y Policía Federal.

Subrayó que el gobierno debe continuar con las medidas de protección en todos los ámbitos, a favor de los connacionales.

Mencionó que ante los discursos, las amenazas, los posibles proyectos de muro que ha expuesto de manera reiterativa el presidente de Estados Unidos, la postura del gobierno de la República y del pueblo mexicano es firme: “no al muro, posición que se sostendrá, a la que la comunidad internacional se suma”.

Por su parte, el legislador Rafael Hernández Soriano mencionó que el objetivo de este conversatorio es encontrar pasos que garanticen el derecho a la identidad de todas las personas independientemente de su estatus. “Hace falta armonizar la Constitución con los derechos humanos, en específico con el derecho a la identidad”.

Se comprometió a trabajar en una propuesta que inserte un transitorio en la Ley Electoral para que no se detenga la expedición de registros de adscripción de los mexicanos, con el objetivo de obtener una Cédula de Identidad Nacional.

Destacó que se está “dejando a casi 40 millones de mexicanas y mexicanos, menores de 18 años, fuera de esa opción”.

Propuso sumar la demanda de garantizar el derecho de identidad a la plataforma change.org, con el fin de exigir a todas las instituciones, incluido el Congreso, a que legislen de forma inmediata, ya que es necesario romper con inercias.

El coordinador del Programa de Atención a Migrantes en la Ciudad de México, Luis Ángel Gallegos, habló sobre las dimensiones y documentos que acreditan la identidad, los cuales son los registros de nacimiento, credencial del INE, licencia de conducir y pasaporte, entre otros,

Sin embargo, aseguró que de los países latinoamericanos, México es el único que no tiene un documento oficial de identidad ciudadana para los migrantes y “mientras no cuenten con una cédula, se está violentando este derecho”. Estos papeles, sostuvo, “son la llave para acceder a los derechos humanos básicos, y cuando no se tiene, el individuo está en vulnerabilidad total”.

Ante esta problemática, pidió que se armonicen los ordenamientos estatales con la Ley de Migración, con base en el artículo 9, para que las personas en condición de migrante puedan obtener la CURP y sean sujetos a derechos y beneficios; demandó también revisar la Ley General de Población y la iniciativa de Ley General Única de Derechos Civiles.

En su oportunidad, la representante de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Daniela Flores, comentó que la falta de identificación, de vivienda, de la creación de una cédula de identidad; la discriminación, y la seguridad y derecho a una vida digna, son factores para que legisladores, instituciones y organizaciones se comprometan a realizar buenas prácticas y regulen reglas operativas que generen proyectos y planes transexenales.

“Tenemos que organizarnos, trabajar juntos, porque en próximos tiempos no tendremos con la migración, ni un retorno seguro, ni regular ni ordenado, si no empezamos a legislar con estas buenas prácticas”.

Dijo que la política es de todos y de cada uno, por lo que es importante que tanto diputados como organizaciones de la sociedad civil trabajen conjuntamente “porque al final lo que nos une es un proceso ciudadano. Nos dirigimos a un proceso de mesas de trabajo trasdiciplinarias que podrían resultar de este conversatorio”.

El director general del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), Juan Carlos Mendoza, dijo que los migrantes creen que los consulados mexicanos en Estados Unidos pueden expedir un documento de identidad, pero explicó que no tienen esa facultad, sino los gobiernos estatales y municipales.

“Para nosotros es una tragedia el asunto de identidad. Es un problema muy serio, por ello los cónsules tienen que estar atentos de estas cuestiones. En estos temas, el legislador es el que tiene que avanzar”.

Puntualizó que el presupuesto a la atención de los migrantes es poco, por lo que solicitó designar más recursos. De los 51 millones que se le dieron al IME, se atendió a un millón 133 mil personas en cuestiones de inclusión social, comentó.

“El año pasado, en las ventanillas de los 50 consulados, se atendió a un millón 731 mil personas, lo que fue posible gracias a los socios que tenemos en Estados Unidos y los dos millones de dólares que nos dio la Secretaría de Salud”.

La fundadora del Colectivo Deportados Unidos en la Lucha, Ana Laura López, mencionó que la deportación es una problemática grande, que se vive con mucho dolor, y es el reflejo de la sociedad mexicana, en general, que no quiere voltear a ver. Los migrantes “somos más que estadísticas, más que números, somos gente, personas con un nombre, historia y vida”.

Expresó que el tema de la identidad es un problema grave al que se enfrentan los migrantes al regresar al país, ya que al no tener un documento que los identifique no pueden acceder a servicios básicos como vivienda, trabajo, estudio y salud.

“El primer inconveniente al que se enfrentan los deportados para conseguir una credencial de elector es la falta de vivienda, porque sin un lugar donde vivir, sin un comprobante de domicilio, no se puede tener dicha credencial”.

Subrayó que los migrantes tienen derecho a ser mexicanos, por lo que “es tiempo de ver a la comunidad, de buscar cambios; que en las agendas legislativas exista también el tema migratorio, basado en las necesidades del sector”.

“Las leyes están hechas para un tipo de mexicanos, no toman en cuenta a un gran porcentaje de la población que migra y cuando regresamos nos damos cuenta que para las leyes no existimos”.

Otra problemática a la que se enfrentan es el de la reunificación familiar. “Tenemos más de un año sin ver a nuestros hijos, no hay nada claro para reunirnos con ellos, no podemos traerlos, pues no tenemos dónde vivir ni trabajo”.

Ante ello, consideró que es momento de que gobierno, instituciones, asociaciones y migrantes trabajen en conjunto para resolver dichos problemas.