La Cámara de Diputados aprobó, con 343 votos, el dictamen que incluye, dentro de las funciones de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, proponer mecanismos para implementar el respeto a los derechos humanos, la educación, la capacitación para el trabajo, la salud y el deporte como medios de reinserción social.
El dictamen, que reforma la fracción IV del artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales, considera necesario aplicar un enfoque de seguridad basado en la cohesión comunitaria, ya que el restablecimiento de la confianza entre el gobierno y los ciudadanos es factor de desarrollo primordial que permite asegurar y preservar el orden y paz pública.
Al fundamentar el documento, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, diputado César Augusto Rendón García (PAN), expresó que el fin de la reclusión no sólo es mantener al interno aislado de la sociedad, sino generar esfuerzos para reencauzar sus hábitos de conducta, costumbres y procesos cognoscitivos con la mirada puesta al futuro, a fin de que el interno sea capaz de generar nuevos patrones de vida ajenos a las tendencias de cometer ilícitos, así como eliminar factores que llevan a la reincidencia.
Para México, continuó, responder a la exigencia social de brindar certidumbre en los procedimientos penitenciarios para que operen con eficacia y garantizar los programas de trabajo comunitario, educativo, salud y deporte, en el marco del sistema de seguridad pública que consagra la Ley Fundamental, es una tarea que también involucra a los responsables del gobierno, custodia, vigilancia y capacitación de los centros penitenciarios.
Indicó que la atención a la salud para las personas en prisión es factor indispensable para su formación, al ser un derecho humano. El trato digno y el derecho a la salud de los reclusos “se deben hacer patentes para que los integrantes de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario emitan programas de reinserción adecuados a las necesidades que persigue la sociedad y en consonancia con la salud física y mental de los internos”.
Con estas reformas, subrayó, se dan los instrumentos necesarios para la adecuada y mejor reinserción social, tan necesaria en el sistema penitenciario mexicano.
En los posicionamientos, la promotora de la iniciativa, diputada Carmen Victoria Campa Almaral (NA) señaló que el propósito es mejorar la redacción de la ley, incorporando preceptos para que la actuación de las fuerzas del orden esté completamente apegada a derecho y, de este modo, contribuir a que el nuevo Sistema Penal Acusatorio consiga sus objetivos.
“Estamos convencidos de que es posible combatir a la delincuencia de manera integral, coordinada, armónica y congruente con el respeto a los derechos humanos. Hoy se incorpora la visión constitucional en materia de derechos humanos consistente en un reconocimiento de una esfera cada vez más amplia de protección a las personas. Combatir el crimen no significa violar los derechos humanos”, abundó.
Víctor Manuel Sánchez Orozco, diputado de MC, expresó que estas reformas permiten avanzar en el respeto a los derechos humanos de todas y todos aquellos ciudadanos que están compurgando alguna sanción en los centros penitenciarios del país, a nivel federal y local.
Aseguró que quienes pueden tener posibilidad de trabajar dentro de los centros de reinserción, son apenas el 10 por ciento en todo el país, al igual que en acceso a la educación y los otros objetivos y metas que contempla el artículo 18 constitucional, para que haya una real reinserción social. “Esperemos que esta reforma ayude, coadyuve y que poco a poco se vayan cumpliendo esos fines”.
Del PES, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán sostuvo que las prisiones mexicanas, en su situación actual, son espacios propicios para la graduación criminal, no solo por el hacinamiento, sino también por la convivencia entre internos de diversa peligrosidad. “Hoy en día las cárceles no reinsertan ni rehabilitan, más bien generan conflictos de toda índole en los internos, ya que el paso por la prisión, aunque sea breve, dejará una marca negativa de por vida”.
Se requiere, dijo, buscar opciones para lograr que estas personas se reintegren lo más pronto posible a la sociedad. La prisión debe garantizar la seguridad de los internos, así como condiciones de vida digna, a fin de que desarrollen sus capacidades y realicen actividades que les permitan una estancia adecuada. “Necesitamos que el trabajo al interior de los centros penitenciarios tenga el compromiso que demanda una actividad tan importante para el país”.
El diputado Sergio René Cancino Barffuson (Morena) precisó que el respeto a los derechos humanos, incluida la reinserción social, requiere una vigilancia constante, y afirmó que no se puede hablar de derechos humanos ni promover seguridad pública alguna si la ciudadanía no cuenta con información sobre qué derechos puede hacer valer, cómo aplicarlos y de qué manera se puede defender de ciertas instancias que los estén violentando.
Se congratuló por estas reformas; sin embargo, aclaró que “sólo son cambios menores que no resuelven lo fundamental. Para nosotros es urgente la regeneración de la vida pública de país. Cero corrupción, no a la discriminación ni violación a los derechos humanos”.
Por el PRD, el diputado Arturo Santana Alfaro mencionó que los centros de reinserción social en México, sean femeniles o varoniles, están controlados, hoy por hoy, por la delincuencia organizada, y dijo que hoy se aprueban reformas para armonizar una ley secundaria con lo que establecen los artículos 18 y 21 constitucionales.
Indicó que el respeto a los derechos humanos, la educación, la capacitación para el trabajo, la salud y el deporte son medios de reinserción social, constituyen elementos indispensables que coadyuvarán en la regularización de las circunstancias que viven y, en muchas ocasiones, sufren los internos en los centros penitenciarios en el país.
Alba María Milán Lara, diputada del PAN, urgió a terminar con la situación prevaleciente en los centros de reclusión, como es la inseguridad, corrupción, extorsión y autogobierno. “Deben dejar de ser resumideros de la sociedad. Es un reto complejo y desafiante, sin embargo, la dignificación de dichos centros y de la propia función de la ejecución de las sanciones penales es una tarea inevitable”.
Es vital, continuó, fortalecer los mecanismos educativos e incluso revalorar la interpretación de las disposiciones constitucionales que disponen que la enseñanza es obligatoria; dotar capacidades y oportunidades que alejen a los sentenciados del círculo vicioso del desempleo. Añadió que la atención a la salud es otra de las materias a fortalecer; el ocio enfermizo y pernicioso debe ser colmado con actividades culturales y deportivas, así como atender la naturaleza biológica, psicológica e intelectual de las personas.
La diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez (PRI) resaltó que los legisladores aprobaron reestructurar el sistema penitenciario, para asegurar que la reinserción social y el respeto a los derechos humanos pasen de la letra a los hechos. Por ello, dijo, se debe seguir trabajando para consolidar un sistema de seguridad y justicia acorde a los más altos estándares.
Añadió que, pese a los avances en esta materia, aún hace falta armonizar diversos ordenamientos legales, a fin de garantizar el respeto a los derechos humanos en todos los ámbitos de gobierno, subrayadamente en el diseño e implementación de las políticas en materia penitenciaria. “Debemos trabajar para hacer nuestro sistema penitenciario uno más humano”.
