Buscarán prohibir a instituciones financieras usar bases de datos con fines de venta

El diputado Edgar Romo García (PRI) presentó iniciativa para prohibir que instituciones financieras utilicen directamente o a través de interpósita persona, bases de datos o información de usuarios con fines de venta; propone multas que van desde 18 mil 872 a 150 mil 980 pesos a quien incumpla.

También les impediría realizarlo con personas que hayan manifestado su voluntad de no recibir dicha información o no ser molestados en su domicilio, lugar de trabajo, correo electrónico, vía telefónica, o cualquier otro medio.

Lo anterior obedece a los constantes reclamos ciudadanos de que establecimientos bancarios y proveedores de servicios financieros, realizan a través de distintas formas actos para ofertar sus bienes o productos.

El documento, enviado a Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía, modifica diversos artículos de las leyes de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, y Federal de Protección al Consumidor.

El diputado priista manifestó en su propuesta que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que tienen la finalidad de proteger y defender los derechos e intereses de los usuarios de servicios financieros, reciben diversas quejas sobre ofrecimiento de productos bancarios, sin que los usuarios los soliciten.

“Somos testigos de malas prácticas por parte de instituciones financieras como invasión o acoso mediante llamadas e insistencia en horarios poco adecuados, múltiples correos electrónicos, visitas a domicilio e, incluso, al lugar del trabajo, así como de cuestionamientos y hasta regaños ante la negativa de adquirir lo ofertado”, comentó.

Consideró que esas prácticas son excesivas y deben enmendarse en favor de los usuarios, en aras de consagrar la garantía de seguridad jurídica de no ser molestado, previsto en el artículo 16 de la Constitución.

La iniciativa, añadió, surge de la necesidad de fortalecer el derecho de privacidad y garantizar que no será molestada la persona, y fortalecerá las atribuciones de la Condusef y la Profeco respecto al mal uso de la información de los ciudadanos.