Ciudad Juárez.- Con la audiencia que se desahogará el próximo mes, se registra un avance en la demanda referente a la controversia constitucional que promovió el Municipio de Juárez en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esta controversia es en contra del Decreto de Reforma a la Constitución del Estado, respecto al Sistema Estatal Anticorrupción y en particular, por lo relacionado con el órgano interno de control de los municipios.
El secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros, indicó que la demanda fue contestada por las autoridades involucradas, por lo que la Corte ya señaló una fecha para el desahogo de una audiencia que se verificará el próximo 15 de febrero.
“En esa fecha presentaremos pruebas y alegatos reiterando nuestros argumentos en la Suprema Corte de Justicia”, expuso.
Explicó que la demanda se presentó el pasado 10 de octubre y a finales del mismo mes se admitió y se ordenó notificar a las autoridades estatales, por lo que la notificación debió llevarse a cabo entre finales de octubre y principios de noviembre.
Rentería Manqueros dijo que con ello se avanza en el proceso y en su momento el Municipio estará informando a la ciudadanía respecto a lo que sucedió en la audiencia.
La inconformidad del Municipio no recae en contra de la Ley Anticorrupción ni del síndico actual de Ciudad Juárez, sino que atiende la incongruencia de la reforma por dar facultades fiscalizadoras a una figura política que, además, no puede ser removida de su cargo, en este caso las sindicaturas municipales.
El secretario del Ayuntamiento indicó que los argumentos que se harán valer en la demanda serán los mismos que se expresaron en sesiones previas donde se estableció que existe riesgo de ingobernabilidad con la reforma, debido a que se le estaría dando a un órgano político, una facultad técnica y sancionadora, lo cual es incompatible.
También indicó que la reforma constitucional en sí misma es contradictoria porque señala que los órganos de control del ejecutivo y legislativo deben cubrir ciertos requisitos y menciona que los titulares deben ser personas con un perfil en las áreas de la fiscalización de la auditoria, ajenas a partidos políticos y obligadas a cumplir metas de trabajo que de no cumplirlos, puedan ser removidos de sus cargos.
