El Congreso del Estado expidió este día la nueva Ley de Equilibrio y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua, con la cual se garantizará el derecho de toda persona a un medio ambiente sano y saludable.
Fue el diputado Hever Quezada Flores, presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Poder Legislativo local, quien dio lectura al Decreto de creación, y resaltó el trabajo realizado por las y los integrantes de la Mesa Técnica, quienes realizaron 47 reuniones hasta llegar al resultado que hoy se aprobó en el Recinto Oficial del Poder Legislativo.
Señaló además que dentro de los objetivos de esta nueva Ley están:
Prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo.
Determinar las facultades del Estado y los municipios en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección de los ecosistemas y del medio ambiente.
Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y mejoramiento del ambiente, de los ecosistemas y bienes del Estado.
Promover la creación de áreas naturales protegidas de carácter estatal así como su regulación, administración y vigilancia, con la participación de los municipios.
Proteger la conservación y regeneración de la flora y fauna silvestre del territorio de la Entidad, tanto en sus porciones terrestres como acuáticas.
Impulsar la investigación, el desarrollo, la transferencia y aplicación de ciencia y tecnología en el área ambiental, para favorecer la conservación del medio ambiente.
Regular el establecimiento y la operación de museos, zonas de demostración, zoológicos y jardines botánicos, destinados a promover el cumplimiento de la presente ley; así como el fomentar una cultura de respeto al medio ambiente y a los ecosistemas.
Para finalizar dio a conocer que al tratarse de una reforma integral, se hicieron también una serie de reformas a varios ordenamientos estatales, a la Constitución Política del Estado de Chihuahua, con la finalidad de dar promoción a la educación ambiental y la conservación del entorno; y al Código Penal del Estado a fin de penalizar las actividades que dañen a la salud pública, la flora, la fauna o los ecosistemas y que los delitos ambientales sean perseguidos por oficio.
