Buscan combatir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

La Comisión de Puntos Constitucionales analiza facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general que establezca los tipos penales y sus sanciones en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En su iniciativa que reforma el artículo 73 de la Carta Magna, el diputado José Hernán Cortés Berumen (PAN) subrayó que este delito representa uno de los fenómenos más perjudiciales para la seguridad, justicia, economía y paz social del país; además, continuó, es un desafío para el Estado y la sociedad, y diversos tratados internacionales contienen compromisos para su prevención y combate.

Relató que la legislación nacional en materia de prevención, identificación, combate del lavado de activos y para la recuperación de los mismos, ha evolucionado de manera importante en los últimos años; un acontecimiento relevante, agregó, fue la emisión de la Ley Federal Para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Sin embargo, expuso, “la incidencia de este género de conductas, sus delitos precedentes y conexos, sigue impactando de manera seria al país. Lo anterior se hace evidente con la escasa judicialización de casos complejos de lavado de activos y la casi nula actividad del Estado en materia de recuperación de activos”.

Cortés Berumen mencionó que ante la urgente necesidad de avanzar en materia de seguridad y justicia, es imperioso hacer los cambios necesarios a la política pública en esta materia y expresar un compromiso de Estado, de manera clara, decidida y contundente, para combatir al crimen en el aspecto más relevante de todos: sus finanzas.

Dicha política, afirmó, debe contener elementos para homologar las regulaciones federal y de las entidades sobre conductas típicas de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo; acerca de procedimientos preventivos, informativos e investigativos y distribución de facultades entre los tres niveles de gobierno, así como una legislación única en materia de extinción de dominio como instrumento idóneo para la recuperación de activos.

“Esto cobra relevancia al observar el hecho de que aún existen estados en los que no existe el tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita o carecen de unidades de inteligencia patrimonial y económica o, bien, la figura de extinción de dominio aún no rinde frutos de manera generalizada y sistemática”, añadió.

Por ello, pugnó por facultar al Congreso de la Unión para emitir una legislación general que establezca las bases de esta compleja y urgente asignatura y abarque integralmente el fenómeno criminal del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, tanto a nivel federal como local.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2015, sólo 331 delitos fueron registrados bajo los tipos de encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita, “lo que habla de una precaria aplicación de la ley y de una casi inexistente lucha para combatir este delito que mueve miles de millones de pesos cada año y donde se observa una clara impunidad. Las cifras actualizadas a 2016, arrojan números precarios respecto a la ineficacia de las autoridades”.

Además, el Quinto Informe de Gobierno del Ejecutivo federal señala que la Comisión Nacional de Seguridad, a través de la Policía Federal, atendió 53 requerimientos de mandamientos ministeriales y judiciales relacionados con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita: 33 órdenes de investigación, tres solicitudes de información, tres notificaciones, siete órdenes de aprehensión, cinco denuncias ciudadanas y dos apoyos a diligencias ministeriales.

Ejecutó seis operativos relacionados con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que tuvieron como resultado la puesta a disposición ante el Ministerio Público de siete personas: un jefe de grupo criminal y seis integrantes de organizaciones delictivas; el aseguramiento de 168 kilogramos de cocaína, 5.1 kilogramos de heroína, 234 mil 60 dólares, tres armas, 15 cargadores, 5 mil 427 cartuchos y 11 vehículos.

También, se efectuaron 85 operativos institucionales e interinstitucionales, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, para prevenir y combatir delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El resultado fue el aseguramiento de 53 mil 431 pesos en efectivo; 950 mil 232 pesos en cheques, más de 1.9 millones de dólares, dos mil 110 euros, 268.6 kilogramos de cocaína, 217.4 de metanfetamina, 154 pastillas de metanfetamina, 29.3 kilogramos de heroína, 31 armas de fuego, cinco mil 727 cartuchos y 23 vehículos. Asimismo, fueron puestos a disposición 68 presuntos integrantes de organizaciones delictivas y se desarticularon 11 células delictivas.

De las acciones desarrolladas por el gobierno, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), se logró el aseguramiento en efectivo de 17.4 millones de pesos y 7.1 millones de dólares, y en cuentas bancarias 525.8 millones de pesos y 4.3 millones en dólares.

Asimismo, se iniciaron seis averiguaciones previas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita; se determinaron 104 averiguaciones previas, de las cuales 15 fueron por consignación sin detenido, en las que se ejerció acción penal contra 20 personas.

Respecto a las carpetas de investigación, se iniciaron 189 y se determinaron 31; de estas últimas, 23 se judicializaron con la detención en contra de 29 personas, vinculando 19 a proceso.

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