La Fiscalía General del Estado realiza una investigación en contra del expresidente del Supremo Tribunal de Justicia, Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, por el crimen de peculado de 7 millones 123 mil 444 pesos.
El desvío fue cometido supuestamente durante su periodo como presidente del STJ y para dicho fin, Sepúlveda, habría usado pretexto de la compra de una bóveda de almacenamiento digital con un costo superior a los 14 millones 200 mil pesos.
Los involucrados incluyen a funcionarios Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, Antonio Enrique Tarín García y a Gerardo Villegas Madriles .
Para no entorpecer las indagatorias, el magistrado Sepúlveda y su cómplice Ramírez ya fueron suspendidos de sus labores.
En la denuncia se detalla que la compra fue realizada en bases del «Fideicomiso 2211 para la implementación de Justicia Penal en las Entidades Federativas” auspiciada por el Gobierno Federal durante el 2014 cuya finalidad era fortalecer el sistema de Justicia Penal de los estados.
El costo total para adquirir la bóveda fue autorizado por un monto de 14 millones 200 mil pesos, no obstante, las indagatorias de las cuales procedió la denuncia señalan que el producto tiene un costo en el mercado equivalente a solo 7 millones 864 mil 639 pesos y que además, el mismo se encuentra descontinuado, por lo cual será imposible realizar el servicio de mantenimiento, reparación o actualización del mismo por lo diez años señalados en el proyecto.
