La Comisión de Radio y Televisión aprobó una propuesta de modificación al dictamen que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el Código Penal Federal, a fin de inhabilitar de tres a cinco años a titulares de alguna concesión o autorización que, habiendo sido revocados, pretendan obtener nuevas concesiones o autorizaciones previstas en esta norma.
La presidenta de esta instancia legislativa, Lia Limón García (PVEM), explicó que la adenda busca gradualidad en la sanción que se aplique, ya que el dictamen original, aprobado por la comisión el pasado 4 de octubre, establece un plazo por cinco años, es decir, considera una pena única.
“Con esta modificación la autoridad administrativa que es quien sanciona, podrá ponderar y tomar una decisión si el hecho amerita una sanción de tres o de cinco años”.
Se incluye un párrafo al artículo 304 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para que la inhabilitación referida sea aplicable a personas sancionadas por prestar servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión, sin contar con concesión o autorización.
Asimismo, agrega un segundo párrafo al artículo 172 Ter, del Código Penal Federal, para que en la imposición de la pena, la autoridad judicial considere si existen fines de lucro, interferencias perjudiciales y afectaciones a terceros que haya generado la conducta.
Lia Limón García destacó que la modificación al dictamen atiende recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, quien por medio de una carta dirigida a la Cámara de Diputados, expuso su preocupación por la iniciativa que dictaminó esta comisión, respecto a que la reforma pudiera inhibir la libertad de expresión.
Por otro lado, atender un criterio de derechos humanos en el que la pena privativa de la libertad debe ser la última razón.
En este sentido, informó que se llevó a cabo una reunión tutelada por el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, con el Alto Comisionado, representantes de Radio Independiente de México A.C., instancia que aglomera a pequeños radiodifusores y funcionarios del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a fin de “no pasar de largo una misiva de Naciones Unidas y atender sus observaciones”.
Destacó que la libertad de expresión, de acuerdo a documentos de relatores de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se inhibe cuando se va contra la línea editorial, pero “este no es el caso, ni siquiera se revisa este asunto en la decisión de sancionar a quienes usan de manera ilegal el espectro radioeléctrico”.
“No hay para nada una intención de inhibir la libertad de expresión, cualquier periodista de cualquier medio tienen absoluta libertad de decir lo que considere pertinente y de ninguna manera se está revisando el contenido cuando se sanciona a alguien que opere ilegalmente”, afirmó.
La reforma, por el contrario, busca tutelar un bien jurídico que es el espectro radioeléctrico y la vida de las personas, en el sentido de que el IFT refiere que el uso ilegal de este espectro puede causar interferencia en los vuelos, lo que pone en riesgo la vida de las personas al no tener detectada esa frecuencia.
La adenda aprobada al Código Penal Federal, en su artículo 172 Ter, agrega un párrafo para que el juzgador considere si hubo la existencia de fines de lucro; esto, atendiendo a Naciones Unidas, respecto a la posible afectación a las radios comunitarias o sociales, legalmente constituidas por lo que “no debe existir preocupación en este sentido”.
La diputada Limón García recalcó que atendiendo a aquellas que aún no hubieran obtenido su permiso, la adenda permite que sea el juzgador quien considere si hubo existencia de fines de lucro: “si se trata de una radio sin fines de lucro, no ameritará sanción penal por que no puso en riesgo la vida de nadie”.
Además, “el cuerpo del dictamen establece la protección a radios comunitarias y sociales, a fin de dejar claro al juzgador que esta reforma no va dirigida a afectar o sancionar a estas radios, sino a quienes operan de manera ilegal buscando evadir la ley y generando ventajas en su beneficio”.
El diputado Virgilio Caballero Pedraza (Morena), destacó que la modificación al dictamen “es una simulación que no cambia en nada lo esencial de la propuesta original, ya que en su carta el Alto Comisionado afirma que la imposición de penas privativas de la libertad es excesiva para aquellos casos en los cuales se haga un uso no autorizado del espectro radioeléctrico, sin que se persigan fines de lucro como ocurre con la radiodifusión comunitaria”.
La modificación no obedece a un genuino interés de hacer valer el Estado de Derecho, sino a las quejas de un grupo de radios independientes que se sienten agraviados.
De la misma bancada, Rene Cervera García dijo que la adenda no exime a las radios comunitarias de la aplicación de penas, por lo que propuso que explícitamente se hable de aquellos que explotan o se aprovechan de las bandas de frecuencia con fines de lucro.
El promovente de la reforma, diputado Benjamín Medrano Quezada (PRI), explicó que la adenda no simula ni queda ambigua, por el contrario, “pretende sancionar el uso ilegal del espectro a quienes hagan uso de este con fines de lucro”.
También del PRI, Miguel Ángel Ramírez Ponce comentó: “no debemos defender lo indefendible porque para hacer las cosas bien se debe seguir un camino legal, sobre todo, para tener tranquilidad en lo que se hace”.
El priísta José del Pilar Córdova Hernández precisó que “hay gente que cumple con sus obligaciones y quienes no lo hacen, específicamente en comunicación, así como hay legisladores que confunden la libertad de expresión con la defensa del espectro radioeléctrico; por ello, tenemos que ser puntuales en lo que se apruebe”.
Por el PAN, Gerardo Cuanalo Santos coincidió en que los daños a terceros por el uso ilegal del espectro radioeléctrico no sólo pueden ser económicos, sino de otra índole.
También del PAN, la diputada María Verónica Agundis Estrada recalcó que en Guanajuato, por ejemplo, existen muchos que con un trasmisor de 20 mil pesos lucran en comunidades rurales. “Esto es una competencia desleal para quien sí está regulado y paga impuestos”.
