Desde la implementación nacional en octubre del 2016, del prefijo telefónico 9-1-1 como única marcación para llamadas emergencia, la entidad de Chihuahua ha registrado una disminución de las mismas clasificadas como bromas.
De octubre del 2016 al mismo periodo pero del 2017, personal del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C-4) de la Fiscalía General del Estado (FGE), detectó 43 mil 902 llamadas de broma y 25 mil 886 respectivamente, lo que representa una baja del 41 por ciento.
Cabe mencionar que en el periodo de 2016 las llamadas de broma representaban el 53% de las llamadas de emergencia, y actualmente representan el 32%, indicador que de acuerdo con autoridades de FGE son el reflejo del uso responsable que los ciudadanos demuestran para los servicios de emergencia, al mismo tiempo que permite a las autoridades responder con mayor diligencia a cada uno de los llamados.
De igual forma, se visualiza el beneficio de contar con enlaces y elementos de las instituciones de salud, seguridad y protección civil de los tres niveles de gobierno en los diferentes municipios y la importancia de la gestión de la calidad en los procesos operativos y mecanismos de comunicación interna de los centros de atención de llamadas de emergencia.
Aunado a ello, el cumplimiento de los acuerdos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública en el cual, la Cruz Roja Mexicana se integró operativamente a las instalaciones del C-4, además de la migración del prefijo 065 al 9-1-1, para optimizar la coordinación relacionadas con las atenciones médicas y pre hospitalarias con la Unidad de Rescate de Gobierno del Estado (URGE), Rescate u otras dependencias correspondientes.
Cabe mencionar que existen 10 subcentros del C-4 distribuidos e interconectados en la entidad, para ofrecer cobertura integral del territorio, donde el número único para la atención de llamadas de emergencia al 9-1-1 está disponible las 24 horas de los 365 días, desde cualquier teléfono fijo, celular y público para salvaguardar la integridad física, emocional y patrimonial de los ciudadanos en situaciones de riesgo.
