En el marco de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, diputados integrantes de la Comisión de Salud cuestionaron al titular del ramo sobre la reducción de recursos del Seguro Popular, la formalización del personal de salud y las políticas implementadas para atender la donación de órganos, enfermedades mentales, diabetes, obesidad, y atención a población indígena y de la tercera edad, entre otros temas.
El presidente de la instancia, diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía (PAN) aseguró que se defenderá con recursos la salud de los mexicanos “es el mejor momento para hacerlo, pues no podemos regresar a derrotados sin dar respuesta a la gente que confió en nosotros”.
Al término de la segunda y tercera ronda de preguntas y respuestas, resaltó la importancia de impulsar la lucha por la donación de órganos y la atención a insuficiencia renal, diabetes y obesidad. Además llamó a modificar el catálogo de enfermedades catastróficas.
La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola (PES) cuestionó sobre qué afectaciones causaron los sismos de septiembre en la prestación de los servicios de salud y en la infraestructura hospitalaria, si la atención a adultos mayores es prioridad para el modelo de salud y qué acciones se han tomado al respecto. Refrendó su compromiso para, en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos, fortalecer los recursos del rubro salud.
Por Nueva Alianza la diputada Karina Sánchez Ruiz preguntó respecto a cómo se atiende a la población indígena, que no se les ha garantizado su derecho a la salud. Planteó fortalecer la interrelación de la medicina tradicional con las complementarias y qué medidas se han implementado para garantizar la donación altruista de sangre.
La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (MC) pidió conocer sobre la inversión de cada institución por derechohabiente. Pidió conjuntar esfuerzos para lograr una distribución equitativa en el acceso a los servicios de salud y cuestionó respecto a reducir la mortalidad y morbilidad por enfermedades crónico- degenerativas. Además, si las muertes, lesiones y discapacidades ocasionadas por accidentes de tránsito son un grave problema de salud pública.
La diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala (PVEM) se refirió respecto a conocer qué se ha hecho en los municipios y jurisdicciones sanitarias donde se concentra el mayor número de embarazos en niñas y adolescentes y cuáles son las políticas públicas de la Secretaría de Salud para prevenir este tipo de embarazos.
De la misma bancada, la diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones abordó el tema de la donación de órganos, ya que más de 20 mil personas están en espera de un trasplante de órgano cadavérico, de los cuales 12 mil 300 son renales. Reconoció que algunos indicadores en salud han mejorado, pero aún persisten problemas y padecimientos que atender de forma prioritaria como el cáncer en niños, niñas y adolescentes.
Del grupo parlamentario de Morena el diputado Roberto Guzmán Jacobo externó su preocupación sobre el personal de salud que se iba a formalizar desde 2015 y no se ha hecho: ¿cuándo se llevará a cabo esa formalización, porque hay recurso cada año asignado para ese rubro? Y se pronunció contra el recorte presupuestal.
El diputado Jesús Serrano Lora, de la misma bancada, centró sus cuestionamientos sobre la contaminación de empresas mineras a ríos y preguntó cada cuándo hace verificaciones y toma muestras la Secretaría de Salud a la población por esas posibles afectaciones. Además, si se ha involucrado a instituciones educativas, “que deben acompañarnos porque en algunas poblaciones es tan grande el problema, que han hecho un esfuerzo para llevar a diferentes empresas particulares para que hagan los estudios”.
Su compañero de fracción, Mario Ariel Juárez Rodríguez (MORENA), dijo que el secretario compareció porque está obligado, señaló que los datos que presentó el funcionario son números fríos y no reflejan la realidad.
El diputado Guadalupe Hernández Alcalá (PRD) cuestionó si la Secretaría emitirá el reglamento sobre el uso medicinal de la marihuana a más tardar el próximo 16 de diciembre. Pidió apoyo para beneficiar con el implante coclear a niños sordos derechohabientes del IMSS e ISSSTE, ya que los afiliados al Seguro Popular si tienen acceso a éste. Expresó el compromiso de su fracción para promover la restitución de 5 mil 400 mdp en el Presupuesto 2018 en apoyo de diversas obras de infraestructura hospitalaria.
Del PRD, la diputada Araceli Madrigal Sánchez urgió se concluyan tres hospitales que se encuentran en proceso en Tabasco, y una obra por sustitución. Se trata de los nosocomios Regional de Alta Especialidad; el General de Cárdenas y el doctor Maximiliano Dorantes; así como la construcción por sustitución de un hospital comunitario de 18 camas en la cabecera municipal de Alto de Méndez, porque tiene un dictamen de protección civil que refiere malas condiciones en su infraestructura.
Del PAN, la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, cuestionó la reducción presupuestaria del Seguro Popular en los últimos tres años, que acumularía casi 20 por ciento menos de recursos para 2018, pese a que su vigencia por trece años ha apoyado a la mitad de la población nacional y el derecho a la salud es un derecho humano que debe privilegiarse. Expresó su preocupación por la contratación de recursos humanos y mejoramiento de infraestructura del sector salud estatal ante la baja de fondos.
Del PAN la diputada Leticia Amparano Gamez preguntó sobre infraestructura y unidades de siquiatría de más de 50 años, programas preventivos y de atención e investigación. Sobre adicciones dijo que la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, reportó entre 2011 y 2016 un aumento de consumo de drogas y alcohol en mujeres adolescentes, de 205 por ciento. Preguntó si están contemplados programas para abordar el tema y solicitó que respeten los recursos para atender las adicciones, ya que eran mil 173 millones y sólo se ejerció la mitad.
Del PRI, la diputada Rocío Díaz Montoya inquirió ¿sobre lo que hace la Secretaría de Salud para controlar la rendición de cuentas de las entidades federativas. Destacó que se enfrentan desafíos importantes e “inercias muy arraigadas de poderosos intereses empresariales que han generado gran interés entre los países de la OCDE”.
La diputada Delia Guerrero Coronado, también del PRI, refirió que en México cada año mueren casi 600 mil personas por enfermedades crónicas, como problemas cardiovasculares, pulmonares, diabetes, VIH y cáncer. Preguntó cuáles han sido los principales avances y logros en la Estrategia Nacional para el Control del Dolor y Cuidados Paliativos.
La diputada María Verónica Muñoz Parra (PRI) indicó que se han tenido importantes logros de prevención y control en el sistema de salud. Se tiene un programa de vacunación exitoso; no se han presentado casos de cólera ni de rabia humana, debido a la eficiencia y al trabajo esforzado; el paludismo se mantiene bajo control y el dengue ha disminuido en más de un 66 por ciento. Además, mecanismos exitosos como las compras consolidadas han hecho que el sistema de salud tenga ahorros presupuestales muy importantes.
Al responder a los cuestionamientos, Narro Robles informó que, en 2050, el 22 por ciento de la población será de adultos mayores de 60 años, por lo que se debe trabajar para responder debidamente a la situación, mejorar el abasto y los programas preventivos y “hacer que la niñez y juventud se preparen para el futuro”.
Reconoció que existe una deuda con la población indígena, en cuyos municipios se concentra la mayor pobreza, analfabetismo, incidencia de enfermedades prevenibles y muertes evitables, así como las condiciones más difíciles de vida. Se han impulsado unidades de atención para articular a la población indígena con sus usos y costumbres y su forma de resolver sus problemas de salud, explicó.
Aceptó que hay diferencia en la inversión social que se hace por grupo de derechohabientes, siendo Petróleos Mexicanos la más alta, y la de IMSS-Prospera la más baja; por ello se debe mejorar, tener coberturas y unificar los sistemas para tener un verdadero servicio nacional de salud.
Se pronunció contra el embarazo de niñas. “Tenemos que ser tajantes: no, por ningún motivo”. Recordó que la cifra de niñas y adolescentes gestantes disminuyó de 11 mil 50 a 9 mil 550 y se han identificado los municipios donde se concentra más el problema. “Por ahí tiene que ir, junto con el tema de los servicios amigables para adolescentes y educación, y más educación”.
Sobre la disminución de recursos en el sector, Narro Robles señaló que se han recibido ampliaciones presupuestales y “si se revisa el saldo neto, el cierre del ejercicio presupuestal, el recorte ya no está”. Sobre la formalización del personal, dijo que se trabaja con la Secretaría de Hacienda, para allegarse recursos. “Hasta este momento no puedo dar una fecha, pero no quitaré el dedo del renglón, necesitamos hacerlo, no tengo duda”.
Confió en tener en tiempo y forma un reglamento sólido que regule el uso medicinal de la cannabis, ya que el proceso está muy avanzado. “Está siendo revisado en las estructuras jurídicas superiores y no nos va a dar tiempo de hacer una consulta, no alcanza; son demasiadas las dependencias que han tenido que intervenir, no sólo de la Secretaría, sino de otras instancias, porque es un tema complejo”.
Respecto al consumo de tabaco, indicó que es “el asesino serial más grande que hay en el mundo. Algunos tipos de alcohol tienen ventajas, el tabaco ninguna y tenemos que luchar denodadamente”, apuntó.
Rechazó que haya una disminución del 20 por ciento en los recursos del Seguro Popular. Hace algunos meses se le aplicó una ampliación por 13 mil millones de pesos, indicó.
Aseguró que se “busca por todos los mecanismos legales, morales y éticos de que disponemos, que quienes tienen que hacerlo rindan cuentas”.
Sobre las compras consolidadas, explicó que son 14 mil millones de pesos de ahorro, en la actual administración. Destacó que este año se busca una licitación por 58 mil millones de pesos en compras, con toda la transparencia y observación.
El funcionario se comprometió a revisar los proyectos hospitalarios, para definir las acciones a seguir, como documentar las necesidades y agilizar los estudios de factibilidad. “Llegaremos hasta donde los recursos nos lo permitan, porque se requieren cerca de mil millones de pesos”.
Indicó que se deben fortalecer los centros estatales de Transfusión Sanguínea; hacer una revisión de toda la normatividad y educar también en materia de donación de órganos y tejidos.
Dijo que el año pasado se hicieron tres mil trasplantes de riñón y se pronunció por avanzar en este sentido, pues de esos trasplantes “pocos, proporcionalmente” se tomaron de cadáveres. “No podemos conformarnos con decir que tuvimos más que el año anterior. Nos falta muchísimo por hacer”. Manifestó su disposición a trabajar con los legisladores para cambiar la cultura sobre donación.
Afirmó que se han implementado acciones para enfrentar los padecimientos crónico-degenerativos, pero, sin duda, no son suficientes, pues el peso del problema es muy grande, complejo y requiere muchos recursos. Sobre los accidentes vehiculares, consideró que son uno de los grandes problemas de salud pública, por lo que reconoció la instrumentación de estrategias como el alcoholímetro, “que se ha extendido a 27 estados y a 300 municipios”.
Manifestó su disposición de dar a conocer los trabajos sobre contaminación minera. Con Cofepris, refirió, se ha trabajado para atender un problema que se generó en Sonora, y que ha merecido el seguimiento de las autoridades federales y la vigilancia de la salud de la población afectada.
Aseguró que las enfermedades mentales y las adicciones requieren una enorme cobertura en todas las entidades federativas. En el caso de las drogas, dijo que uno de cada cuatro usuarios consumidores de marihuana son menores de 18 años. “Es un problema que debemos enfrentar porque daña a nuestra niñez y juventud”.
Asevero que falta mucho por hacer, pero hay avances. Sostuvo que 29 entidades federativas tienen estrategias operativas y de capacitación y se duplicó el número de clínicas especializadas. Planteó incidir en la educación superior para capacitar, desde la educación médica general a los profesionales de medicina, enfermería, psicología y a todos los trabajadores del área.
